Vendedores ambulantes marchan hasta la Embajada de España en San Salvador

Una representación de los trabajadores informales entregó en la legación diplomática una carta dirigida al embajador de España, José Javier Gómez-Llera, en la que denuncian que los fondos entregados por la Junta de Andalucía a la Alcaldía de San Salvador "están siendo mal utilizados".

"Creemos que los fondos (...) van en detrimento de las familias más necesitadas de nuestro país, como son los vendedores y vendedoras que a diario nos ganamos la vida en las calles", señalaron los manifestantes en el documento.

La Junta de Andalucía apoya, entre otros proyectos, un plan de recuperación de las vías del centro de San Salvador, que incluye el embellecimiento de aceras y otras obras de revitalización, sin que esto incluya el desalojo de los vendedores.

El dirigente de los comerciantes Pedro Julio Hernández dijo a los periodistas que la marcha, que se desarrolló sin incidentes, no buscó "cuestionar" al Gobierno español, ni los proyectos de ese país en El Salvador, e insistió en que "cese toda cooperación" con la Alcaldía.

"Le traemos una carta en los términos más respetuosos posibles y con palabras sencillas, con nuestro léxico que no es muy preparado. La preocupación nuestra no es que estemos en contra de los apoyos de su Gobierno, al que le agradecemos mucho, sino más bien al uso que bajo nuestra percepción le está dando la Alcaldía", sostuvo.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, Carolina Ramírez, aseguró, en un comunicado, que la marcha tuvo un "carácter propagandístico" y demostró una "falta de visión" de los vendedores, así como un interés por defender intereses particulares.

A su vez, agradeció el apoyo del Gobierno de España y reiteró que el plan de ordenamiento de la ciudad "no se puede detener".

Desde junio pasado, el ayuntamiento ha desalojado a decenas de vendedores que habían instalado sus puestos fabricados con láminas de zinc y tablones de madera en diversos lugares del centro de San Salvador, una medida que ha desatado protestas entre los afectados.

El pasado 26 de noviembre, agentes de la Fuerza Pública desmontaron 201 puestos de ventas informales en un operativo que dejó cinco personas detenidas y 26 heridas.

Los vendedores pidieron al Gobierno de España que "le niegue" la ayuda al alcalde, Norman Quijano, mientras "no exista" una mesa de diálogo.

La Iglesia católica y la Procuraduría de Derechos Humanos han expresado su interés en participar como intermediarias en el conflicto, siempre y cuando ambas partes así lo soliciten.