Los 27 aprobarán mañana flexibilizar las exigencias para España en materia de reforma de pensiones

Los ministros de Empleo de los Veintisiete tienen previsto aprobar mañana las recomendaciones en materia laboral y de pensiones para todos los Estados miembros, que en el caso de España flexibilizan la exigencia inicial de Bruselas de seguir retrasando la edad de jubilación.

Con este cambio, la UE avalará el trabajo del grupo de expertos que han elaborado el factor de sostenibilidad, que se basa en ajustar la cuantía de las prestaciones y no en la edad de jubilación. No obstante, mantiene como plazo para concluir la reforma el 31 de diciembre de 2013.

A la reunión, que se celebra en Luxemburgo, está prevista la asistencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

En sus recomendaciones originales del 29 de mayo, Bruselas había exigido al Gobierno de Mariano Rajoy concluir la regulación del factor de sostenibilidad, "estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida". España se oponía a esta petición alegando que la edad real de jubilación (63,9 años) es ya de las más altas de la UE y que ya se ha aprobado retrasar progresivamente hasta 67 años la edad legal.

En la recomendación final que aprobará el Consejo de Empleo se admite que la reforma de las pensiones puede basarse en "alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida". Esta segunda vía, la de ajustar las prestaciones, coincide con las recomendaciones de los expertos sobre el factor de sostenibilidad.

En materia de mercado laboral, no hay cambios respecto a las propuestas iniciales de la Comisión. Los Veintisiete piden a España que finalice como muy tarde en julio la evaluación de los resultados de la reforma del mercado de trabajo del año pasado y que "presente enmiendas, si es necesario, en septiembre de 2013".

ACELERAR EL FONDO CONTRA EL PARO JUVENIL.

Los ministros de Empleo repasarán además las diferentes iniciativas en las que trabaja la UE para reforzar el combate contra el paro juvenil, pero no se prevén decisiones, que se dejan para la cumbre del 27 y 28 de junio y para la reunión sobre Empleo convocada en Berlín para el 3 de julio por la canciller Angela Merkel.

Bruselas ha propuesto acelerar la puesta en marcha del nuevo fondo de 6.000 millones de euros para combatir el paro juvenil y concentrar el gasto en los años 2014 y 2015, en lugar de en siete años como estaba inicialmente previsto.

Los Veintisiete tratarán de cerrar además un acuerdo para prorrogar durante el periodo 2014-2020 el denominado Fondo de Adaptación a la Globalización, que tendrá una dotación anual de 150 millones de euros y cuyo objetivo es ayudar a recolocar a trabajadores de empresas que han cerrado como consecuencia de deslocalizaciones o de la crisis económica.

No obstante, todavía hay discrepancias importantes entre los Estados miembros. Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca, Eslovaquia y República Checa piden que el Fondo se concentre únicamente en las deslocalizaciones y no financie actuaciones relacionadas con la crisis, algo que rechazan España o Francia.

Por su parte, Alemania pide que este instrumento se redirija también a combatir el paro juvenil, pero el resto de Estados miembros consideran que así se perdería su sentido original, que era ayudar a trabajadores más veteranos.

Como propuesta de compromiso, la presidencia irlandesa ha planteado que el Fondo de Adaptación a la Globalización siga financiando medidas anticrisis al menos hasta 2016, fecha en la que habría una revisión. La tasa de cofinanciación prevista es del 55%, aunque países como España querrían que fuera mayor.

Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales discutirán también sobre el fondo europeo para ayudar a los más desfavorecidos, que en principio debería estar dotado con 2.500 millones de euros para el periodo 2014-2020. Sin embargo, no se prevé un acuerdo porque existe una minoría de bloqueo de países -entre los que están Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca, República Checa y Eslovaquia- que cree que son los Estados miembros y no la UE los que deben actuar en este campo.

Finalmente, los Veintisiete aprobarán una directiva para mejorar la portabilidad de las pensiones de empresa que únicamente se aplicará a los trabajadores que cambien de Estado miembro.