Una auditoría de Sierra Leona revela que el 30% de gastos de fondos contra el ébola no se han justificado

Una auditoría de Sierra Leona ha revelado que el 30 por ciento de los gastos de fondos para la lucha contra el ébola procedentes de donaciones no se han justificado debidamente, que sumarían 5,7 millones de dólares (más de 5 millones de euros)

Un informe hecho público este viernes ha indicado que esta cantidad de dinero habría pagado gastos sin justificar con recibos de ningún tipo, procedente de fondos de emergencia, según ha recogido la cadena BBC.

Por ello, la auditoria nacional de Sierra Leona ha acusado al Ministerio de Sanidad de demostrar una completa "desconsideración" hacia la ley, al abusar de estos fondos de emergencia.

En concreto, el informe ha hecho público que de los 84.000 millones de leones pagados por el Ministerio de Sanidad desde el comienzo del brote de ébola en mayo del año pasado y el mes de octubre, 25.000 millones no han sido justificados.

De estos 25.000 millones de leones, 14.000 millones no han sido justificados de ninguna manera y 11.000 han sido "parcialmente" justificados ante las autoridades de esta auditoria. Este problema tiene como consecuencia una pérdida de calidad en la lucha contra el ébola, ha indicado el informe.

Este informe no ha investigado los fondos procedentes de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, sino del propio Gobierno de Sierra Leona y donantes privados del país.

VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS SIN JUSTIFICAR

Otro de los gastos sin justificar por parte del Ministerio de Sanidad es la compra de medio centenar de vehículos y ambulancias. El informe también ha encontrado importantes lagunas en los números de sanitarios sobre el terreno, lo que podría significar una "posible apropiación indebida" de los fondos de emergencia.

Otra de las acciones criticadas en el informe es la inclusión de policías y soldados en la lista de trabajadores sanitarios contra el ébola, pese a que estos fondos de emergencia se transfieren a ambas fuerzas por separado.

Como consecuencia, la auditoría ha puesto a disposición del Parlamento este informe para que tome las medidas adecuadas. Por el momento el Gobierno no ha hecho declaraciones al respecto, aunque parte de la población se ha mostrado indignada al conocer estos datos.