Las autoridades ejecutan a un hombre condenado por asesinato

En base a las informaciones facilitadas por el diario 'Saudi Gazette', el condenado, identificado como Mohamed al Taroti, fue declarado culpable de atropellar hasta la muerte de Abdulá Abu Sarir tras una disputa entre ambos.

La semana pasada fueron ejecutadas por decapitación cuatro personas por tráfico de drogas y otras tres condenadas por asesinato --entre ellas un hombre de nacionalidad paquistaní--, mientras que otra fue ajusticiada por asesinar a su madre.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció la semana pasada que Arabia Saudí había ejecutado a al menos 19 personas desde el 4 de agosto, de los cuales, según los medios locales, ocho eran convictos por ofensas no violentas como el tráfico de drogas y la brujería.

La organización se opuso al empleo de la pena de muerte en todos los países bajo cualquier circunstancia porque es "única en su crueldad y finalidad, y está inevitable y universalmente plagada de arbitrariedades, prejuicios y errores".

Igualmente, explicó que las normas internacionales requieren que la pena de muerte se reserve para los "delitos más serios" y bajo circunstancias "excepcionales". Además, los sentenciados tienen el derecho a buscar el perdón o la conmutación de sus sentencias.

UNO DE LOS ÍNDICES MÁS ALTOS DEL MUNDO

En 1996, Naciones Unidas manifestó explícitamente que la pena de muerte debía ser eliminada de los delitos relacionados con la droga. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha llamado a todos los países a abolir esta práctica.

La Base de Datos Mundial de Pena de Muerte, que recoge información de las ejecuciones en todo el mundo, asegura que Arabia Saudí tiene uno de los mayores índices de ejecuciones del mundo y que aplica la pena de muerte a una serie de delitos que no se consideran "los más serios". Entre ellos figuran los delitos de drogas, adulterio, brujería y apostasía.

En 2013, después de resoluciones similares en 2007, 2008 y 2010, la Asamblea General de la ONU llamó a los países a establecer una moratoria en el uso de la pena de muerte, restringiendo la práctica progresivamente, y reduciendo los crímenes por los que podría imponerse, a fin de abolirla completamente.