Las autoridades amplían a 60 kilómetros cuadrados la búsqueda de los 'normalistas' de Ayotzinapa

En la búsqueda se utilizará tecnología punta con sistema Lidar (realizadas desde el aire), han explicado la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, y el fiscal para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, quienes confirmaron que están pendientes de cumplirse 7 órdenes de aprehensión, incluidos ex policías municipales y civiles.

Herrerías e Higera han afiramdo en rueda de prensa que la PGR se comprometió que a más tardar en noviembre próximo cumplirá con el compromiso suscrito con los padres de los estudiantes y organizaciones sociales que los apoyan en el marco de los acuerdos suscritos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los temas pendientes que tienen que ver con las líneas de investigación y la búsqueda de los estudiantes.

ASí, han insistido en que la PGR "es muy clara" en el sentido de atender todas las líneas de investigación, tanto las que estableció en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la CIDH, las que en su momento señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), "como las que fueran necesarias en función de las indagatorias".

Recordaron que los padres han exigido que sean investigados funcionarios federales -como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal-, militares y policías federales, y señalaron que en su momento, la PGR dará a conocer los resultados de las investigaciones que realiza al respecto.

Además, han indicado que de ocho casos de detenidos que denunciaron que fueron torturados, en dos de éstos arrojaron resultados positivos. Sin embargo, Higuera precisó que en todo caso quedarían sin efecto las declaraciones de los quejosos, no así el resto de las indagatorias.

La PGR responde así a la publicación este lunes de un informe que denuncia anomalías "graves" en la investigación tales como torturas a los sospechosos, contradicciones en documentos firmados por peritos e investigadores e irregularidades fehacientes como la ruptura de la cadena de custodia o manipulación de escenarios de delitos.

El informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de César Chávez fue desechado oficialmente a pesar de que demostraba estas irregularidades. Sin embargo, ahora el documento está en manos de el diario 'El Universal', que ha publicado su contenido.

CASO IGUALA

El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.

Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.

Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.

Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.