Dos colectivos prosaharuis denuncian al Gobierno español para detener venta de armas a Marruecos por "torturas"

La organización no gubernamental Justícia i Pau y la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (AJASÁHARA) han presentado una denuncia "administrativa" ante el Ministerio de Economía y Competitividad en la que exigen que el Gobierno español detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al país vecino por las "torturas" a saharauis en la antigua colonia española.

Las dos organizaciones que han presentado la denuncia este jueves por la mañana en el Registro de la sede en Madrid del departamento que dirige Luis de Guindos han exhibido ante la prensa una imagen en la que se puede apreciar con nitidez la presencia de vehículo blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) de la empresa española UROVESA, apostado en la puerta de un colegio en el Sáhara occidental.

El blindado VAMTAC aparece estacionado junto a otros dos vehículos militares y un camión del Ejército acompañados por efectivos uniformados y con cascos similares a los de agentes especializados en misiones antidisturbios. Este modelo de blindado ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas españolas en sus misiones de mantenimiento de la paz en el exterior y está siendo relevado por el nuevo blindado de alta resistencia contra minas Lince, fabricado por IVECO.

Según han explicado los promotores de la denuncia, la fotografía está incluida en las dos denuncias que han registrado AJASÁHARA y Justicia i Pau en el Ministerio de Economía y Competividad, que es del departamento del que depende la Dirección de Comercio Exterior, el órgano que autoriza en última instancia las exportaciones de material de defensa y doble uso.

El presidente de AJASÁHARA, el abogado Francisco Serrano, ha explicado a la prensa que el objetivo de las denuncias es "paralizar" la venta de armas a Marruecos y "revocar" las licencias ya concedidas para la exportación de armamento al país vecino por las "torturas" que las fuerzas de seguridad y los militares marroquíes infligen a los saharauis.

El argumento principal de los dos escritos es que España no puede seguir vendiendo armas al país vecino porque, al hacerlo, contraviene su propia legislación, en concreto la Ley de Control de Comercio de Armas, que prohíbe expresamente las exportaciones de material de defensa y tecnologíias de doble usos a países que cometene violaciones de Derechos Humanos.

Serrano ha subrayado que las "torturas" cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara occidental están "documentadas" en los informes de Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. "A los saharuis se les está torturando", ha subrayado Serrano, antes de incidir en que Marruecos ha sido el responsable de "torturas", "agresiones", "desapariciones" y "muertes" de civiles saharauis en la antigua colonia española.

MISILES, BOMBAS Y TORPEDOS

El presidente de AJASÁHARA ha explicado que su asociación está estudiando solicitar la colaboración de los grupos parlamentarios en el Congreso para poder determinar con exactitud el armamento exportado por España a Marruecos en 2011 y ha asegurado que entre los artículos "vendidos" al país vecino figuran "misiles, bombas y torpedos".

Al acto de presentación de las dos denuncias han asistido dos saharauis, Lakfir Kaziza, que se identificado como "expreso político saharaui" y que tiene un brazo herido por las "torturas" de militares y policías marroquíes, y Brahim Gali Abdelfatá, representante de la asociación juvenil saharaui UJSARIO.

Kaziza ha explicado que primero fue "torturado" por militares del Ejército marroquí y después sufrió las agresiones de agentes de Policía, lo que ha dejado con un brazo completamente inmovilizado y que no sabe si podrá recuperar.

Por su parte, Gali Abdelfatá ha asegurado que la comunidad internacional debe comprender el sentido de la Primavera Árabe y ha remarcado que los jóvenes saharauis han interpretado este fenómeno como la oportunidad real para que "la juventud decida el derecho y el futuro del pueblo saharaui", ante las "violación constante de Derechos Humanos" perpetrada por Marruecos en la antigua colonia española.