La comisión de Comercio de la Eurocámara rechaza el acuerdo antipiratería ACTA

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha rechazado este jueves en un informe, aprobado por 19 votos a favor, doce en contra y ninguna abstención, el acuerdo internacional contra la piratería en la red (ACTA) y ha recomendado al pleno de la Eurocámara tumbe el acuerdo definitivamente.

Los eurodiputados socialistas y demócrata, liberales, verdes y del grupo de la Izquierda Unitaria Europea han votado en bloque en contra el acuerdo internacional, mientras que los representantes del Partido Popular Europeo y del grupo de los conservadores y reformistas han rechazado el informe por entender que se debería esperar a conocer el dictamen que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la legalidad o no del acuerdo antes de someterlo a votación en sesión plenaria.

La Comisión Europea remitió a finales de mayo el ACTA ante tribunal europeo con sede en Luxemburgo con el objetivo de que se pronuncie sobre si el acuerdo internacional respeta los derechos fundamentales, en un intento por calmar las dudas y críticas que ha levantado entre los Internautas europeos.

Bruselas sostiene que ACTA no modifica en nada las reglas europeas o nacionales de los Estados miembros en lo que se refiere a Internet, sino que fija un marco a escala internacional para hacer valer fuera de las fronteras comunitarias las leyes que rigen dentro. "Nada de lo que es legal dejará de serlo con la entrada en vigor de ACTA y nada de lo que es ilegal dejará de ser ilegal", recalcan fuentes comunitarias.

Pese a ello, organizaciones de internautas han mostrado preocupación por las consecuencias de un tratado que, a su juicio, podría impulsar medidas concretas contra la piratería de películas y música y facilitar el control estatal sobre la comunicación en Internet

EQUILIBRIO DE DERECHOS

Los principales argumentos de los eurodiputados para rechazar el acuerdo antipiratería es que no garantiza a su juicio el equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual, la libertad de empresa, la protección de datos personales y la libertad para recibir o dar información y critican que los derechos de propiedad intelectual tal y como los contempla ACTA no responden a las especificidades de cada sector y ello podría traducirse en incertidumbre para las empresas europeas.

Las comisiones de Libertades Civiles, de Industria, Asuntos Legales y Desarrollo del Parlamento Europeo ya habían rechazado con anterioridad el tratado internacional contra la piratería ACTA y reclamaron a la comisión de Comercio Internacional, la competente para pronunciarse sobre el mismo, que también lo rechazara.

El ponente del informe votado este jueves, el eurodiputado socialista británico David Martin, ha reconocido su "satisfacción" por el rechazo al ACTA, igual que el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que ha criticado "los intentos de retrasar la votación y la presión" y ha confiado en que el pleno vote el acuerdo "antes del verano" para poder "poner fin al proceso de ratificación de ACTA".

"Gracias a la movilización masiva de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, estamos a punto de rechazar definitivamente ACTA. Hoy hemos avanzado en el rechazo del ACTA y se confirmó que el acuerdo plantea una grave amenaza para la garantía de los derechos fundamentales", ha recalcado el catalán, que ha instado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a continuar sus movilizaciones "para que ACTA sea finalmente enterrado".

El eurodiputado liberal italiano, Niccolo Rinaldi, ha celebrado el rechazo al ACTA de hoy porque demuestra en su opinión que "la voz de los ciudadanos cuenta" y ha criticado que la Comisión Europea firmara el acuerdo sin haber hecho las "clarificaciones" pertinentes y "un análisis de impacto completo" del mismo en octubre de 2010.

El eurodiputado alemán 'popular', Daniel Caspary, uno de los ponentes en la sombra del informe, ha insistido en que hay que curar al enfermo y no matarlo, para justificar la necesidad de esperar a conocer el dictamen del TUE antes de que la Eurocámara tome una decisión final sobre ACTA. "Es mejor que curemos al paciente, no lo matemos", ha defendido.

EN PRINCIPIO, EL ACUERDO SE VOTA EN PLENO EN JULIO

El pleno de la Eurocámara tiene "en principio" previsto someter a votación el acuerdo antipiratería el próximo 4 de julio en Estrasburgo, según consta en la agenda provisional del orden del día del pleno.

La decisión definitiva sobre si va al pleno o no finalmente se sabrá el próximo jueves, una vez lo decidan el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y los líderes de los distintos grupos parlamentarios en el marco de la Conferencia de Presidentes preparatoria de las sesiones plenarias.

Los 'populares' y conservadores en la Eurocámara están intentado presionar para que se retrase la votación en el pleno, pero "una mayoría" de líderes de grupos se muestra a favor de votarlo ya en julio, algo que no se sabrá de forma definitiva hasta el próximo jueves, según han explicado fuentes parlamentarias.

Si se somete a votación en el pleno, distintas fuentes parlamentarias, dan por hecho que ACTA será tumbado definitivamente, teniendo en cuenta el rechazo "en bloque" de la mayoría de los partidos con representación en la Eurocámara.

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias y debe ser ratificado también por la Eurocámara.

El Ejecutivo comunitario ha insistido este jueves en que considera "una obligación" remitir el asunto al tribunal europeo teniendo en cuenta "las preocupaciones de los ciudadanos sobre el impacto en los derechos fundamentales" que tendrán el tratado antipiratería y considera que importante que la Eurocámara "tenga en cuenta" su dictamen "antes de que voten" en pleno, que podría emitirse en un plazo de "entre 18 meses o más", el tiempo "normalmente requerido" por el tribunal para analizar "este tipo de caso", ha explicado el portavoz comunitario de Comercio, John Clancy en rueda de prensa.

Bruselas "respeta" en todo caso la competencia de los eurodiputados para fijar su propia agenda y decidir si someten o no a votación el acuerdo ya en junio. "Compete al Parlamento fijar su propia agenda. Les compete decidir a ellos", ha explicado el también portavoz comunitario, Olivier Bailly.