Una embarcación nicaragüense irrumpe en aguas del Cayo de Quitasueño

La Armada colombiana ha informado de que el buque nicaragüense 'Mede-Pesca-III' se ha adentrado en aguas colombianas para llevar a cabo una investigación pesquera en el Cayo de Quitasueño, siguiendo instrucciones del Gobierno de Daniel Ortega.

La Armada ha exigido a la embarcación nicaragüense que abandone el territorio colombiano, pero el capitán se ha negado, argumentando que tiene "órdenes claras" de su Gobierno de quedarse allí, por lo que un buque colombiano permanece en la zona "para garantizar la soberanía".

"Las unidades navales bajo el marco de la Constitución de Colombia, actuarán de acuerdo a lo consagrado en la Ley del Mar para defender la soberanía nacional", ha sostenido la Armada, según informa Caracol Radio.

El jefe operativo de la Armada, el vicealmirante Hernando Wills, ha detallado que el 'Mede-Pesca-III' pertenece al Instituto Nacional de Pesca y Agricultura de Nicaragua y que en él viajan un total de ocho personas, todas civiles.

En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha celebrado una reunión de emergencia con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y con la de Exteriores, María Ángela Holguín, tras la cual han decidido solucionar el incidente por la vía diplomática.

EL CONFLICTO

El Cayo Quitasueño es un islote ubicado en el Caribe y administrado por Colombia como parte del departamento de San Andrés y Providencia, que supone un gran aporte para el territorio marítimo del país iberoamericano.

Históricamente, han reivindicado su soberanía Estados Unidos, que en 1972 renunció a sus aspiraciones sobre el Cayo Quitasueño mediante la firma del acuerdo de Vázquez-Saccio, y Nicaragua, que todavía reclama para sí el territorio caribeño.

Colombia se basa en el tratado bilateral Esguerra-Bárcenas, que le atribuye la soberanía de todas las islas situadas al este del meridiano 82. Sin embargo, Nicaragua considera que este acuerdo es nulo, porque fue firmado en 1928, durante la ocupación de las tropas estadounidenses.

En 2001, Managua trasladó el conflicto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que seis años después se declaró competente para conocer la disputa territorial. El alto tribunal todavía debe dictar un fallo definitivo.