El proyecto de ley de espionaje pone en riesgo a periodistas, activistas e informantes, según HRW

El proyecto define de forma excesivamente ambigua "seguridad nacional" para incluir "las relaciones políticas militares o económicos con otro país y otros países", tal y como ha subrayado la organización.

Asimismo, no contempla la defensa del interés público o la intencionalidad de causar daño a la hora de valorar estas acciones, lo que implicaría que los acusados se expongan a largas penas de prisión por "conductas legítimas a favor del interés público".

"Si el borrador de espionaje no es arreglado, tendrá un efecto desalentador en la tarea de revelación de información te interés público", ha indicado la directora de HRW para Australia, Elaine Pearson.

"La 'seguridad nacional' es definida tan ampliamente que prácticamente cualquier crítica a la política exterior australiana podría ser considerada como un delito de espionaje", ha valorado.

Por ello, la organización ha pedido al Gobierno australiano que matice la definición para incluir la intención de causar daño como elemento, así como una consideración sobre el interés público legítimo como vía de defensa.

Asimismo, ha recalcado que algunas de las cláusulas del proyecto violan los derechos fundamentales, incluido el de expresión, asegurando que el mismo "excede lo necesario para garantizar la seguridad nacional y la democracia".

"La ley propuesta dañará la libertad de expresión y tendrá un efecto negativo en vez de proteger los valores democráticos de Australia", ha advertido Pearson, quien ha insistido en que "si el proyecto es aprobado en su forma actual, Australia seguirá los pasos de países represivos como Camboya y Turquía, cuyas exageradas leyes sobre espionaje han sido usadas para encarcelar a activistas y periodistas".

Entre los afectados por este proyecto de ley estarían igualmente aquellas personas que denuncien o aireen desde dentro irregularidades o ilegalidades cometidas por el Gobierno.