Un juez federal tumba una disposición clave de la ley antiabortista de Texas

"Impone un perjuicio indebido a los derechos de las mujeres de Texas que aspiran a un aborto de un feto aún no viable", señala la setnencia del juez de distrito Lee Yeakel, según recoge la CNN.

La entrada en vigor de la norma implicaría el cierre de la mayoría de las 19 clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo en el estado de Texas. Desde el Departamento de Sanidad del gobierno estatal y el Consejo Médico de Texas ya han anunciado un recurso contra la sentencia.

La ley fue firmada por el gobernador republicano Rick Perry el año pasado y está considerada como una de las más restrictivas de Estados Unidos. La norma fue llevada a los tribunales por el Centro para los Derechos Reproductivos en representación de algunas de las clínicas abortistas.

"El tribunal ha dejado claro que el bienestar de las mujeres no está por debajo de las leyes que atacan el acceso a una atención sanitaria básica y que los derechos que protege la Constitución de Estados Unidos no pueden negarse en leyes que hace que sea imposible ejercerlos", ha argumentado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, Nancy Northrup.

"Las mujeres de Texas aún tienen gravemente amenazados sus derechos, su salud y su acceso a una atención a la salud reproductiva de alta calidad de médicos reconocidos en sus comunidades, pero la victoria de hoy impide por el momento que los ataques de 'tierra quemada' de los políticos contra la atención sanitaria de las mujeres cause aún más daño del que ya han hecho", ha añadido.

La norma ilegaliza cualquier aborto a partir de las 20 semanas de gestación, restringe el uso de la RU486 --conocida como píldora del día después-- y obliga a los médicos que practiquen abortos a tener derechos de admisión preferentes en un hospital situado en un radio de 30 millas de la clínica.

El propio Yeakel tumbó el año pasado el requisito de derecho de admisión preferente, pero un tribunal de apelaciones federal lo restauró. En cuanto al plazo de 20 semanas, éste entró en vigor el año pasado y el resto de la ley entrará en vigor este mes de septiembre.