El fiscal pide el secreto de sumario en la causa contra Fernández de Kirchner

Según han informado fuentes judiciales a la agencia de noticias DyN, Pollicita ha pedido al juez Daniel Rafecas que ordene el secreto de las actuaciones para no frustrar la investigación de la denuncia contra Fernández de Kirchner.

Además, Pollicita habría ordenado realizar decenas de diligencias probatorias. Al parecer, habría solicitado las 5.000 horas de grabación de escuchas telefónicas que estaban en poder del fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman.

Rafecas, que aunque se inhibió ha sido asignado para este caso por la Cámara Federal, estaba de vacaciones hasta el 22 de febrero, pero ha decidido reincorporarse el próximo miércoles para responder a las peticiones de Pollicita.

El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.

IMPUTACIÓN A KIRCHNER

Pollicita ha imputado este viernes a Fernández de Kirchner, así como al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, al diputado oficialista Andrés Larroque, al líder sindical Luis D'Eñía y al dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.

El fiscal federal se ha basado en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina".

De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.

Pollicita ha hecho suyos los cargos que Nisman barajaba apuntando a los delitos de encubrimiento, con una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, "impedimento o estorbo del acto funcional", con entre 15 días y seis meses, e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", con entre un mes y dos años.