Los países garantes del diálogo de paz en Colombia anuncian una rueda de prensa tras los últimos secuestros

"Atención: países garantes de los diálogos de paz, Cuba y Noruega, darán rueda de prensa a las 19.00 (hora local) en La Habana", ha anunciado el equipo negociador de las FARC a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

Aunque no ha desvelado el contenido de la rueda de prensa, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado horas antes que pediría ayuda a Cuba y Noruega para que "este 'impasse'" en el diálogo de paz "se resuelva pronto".

Estaba previsto que los negociadores del Gobierno viajaran el lunes a La Habana para reanudar el diálogo de paz con las FARC, pero Santos suspendió el viaje hasta que se aclarara el secuestro del general Rubén Darío Alzate.

Alzate fue secuestrado el pasado domingo en el corregimiento de Las Mercedes, al parecer, cuando se dirigía a una reunión con líderes locales. Junto a él viajaban el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, que también fueron capturados.

El Bloque Iván Ríos de las FARC ha reivindicado el secuestro de Alzate a través de un comunicado. La delegación de paz de la guerrilla, por su parte, ha aclarado que es "un prisionero de guerra" que fue capturado "en el teatro de operaciones".

La captura de Alzate se suma a la de los soldados Paulo César Rivera Capela y Jhonatan Andrés Díaz Franco que, de acuerdo con el Ejército, fueron secuestrados el pasado 9 de noviembre en el municipio de Tame (Arauca) "como desenlace de la operación militar 'Napoleón'".

Las FARC han confirmado que tienen en su poder a estos dos soldados, pero han aclarado que no son rehenes sino "prisioneros de guerra" y han expresado su voluntad de "dialogar" con el Gobierno para conseguir su liberación.

A pesar de que el Gobierno ha pedido la liberación de los rehenes y las FARC se han mostrado dispuestas a hacerlo, lo cierto es que aún no ha habido ningún anuncio oficial. La prensa colombiana especula con que el operativo de entrega podría estar en marcha.

El Gobierno considera que estas acciones violan la firme promesa que el Secretariado de las FARC hizo a principios de 2012, como paso necesario hacia el inicio de un eventual diálogo de paz, de renunciar al secuestro de ciudadanos colombianos con fines extorsivos, que constituía una de sus principales fuentes de financiación.