La impunidad favorece las desapariciones forzadas en México, según un informe de la CNDH

"La impunidad en estos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves como el que nos ocupa se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero", señala el texto, recogido por el diario 'La Jornada', que incluye 16 medidas para que el Gobierno mexicano atienda de manera integral el problema de las desapariciones forzadas.

En general, el informe sostiene que "los derechos humanos enfrentan actualmente en México una de sus etapas más críticas y desafiantes". "La impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas", argumenta.

La CNDH sostiene que el antecedente de las desapariciones forzadas durante las décadas de los 70 y principio de los 80, acreditadas por la CNDH, "demuestran que la impunidad en estos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves como el que nos ocupa se sigan cometiendo".

González insiste en que el registro de personas extraviadas "anunciado por el gobierno federal hasta esta fecha no se ha publicado, con lo cual se impide un funcionamiento pleno de registro".

El informe destaca la localización de un número importante de fosas clandestinas en distintos puntos del país y pide continuar con la búsqueda y registro de fosas y, desde luego, con la identificación de las personas.

Además, González advierte de que México no tiene una ley sobre desaparición forzada de personas y resalta que es importante que el Estado mexicano cumpla plenamente con la resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el caso de la sentencia Rosendo Radilla Pacheco, en el que se ordenó reformar el código penal federal para que la tipificación del delito de desaparición forzada se adecue a los estándares internacionales, sin que hasta la fecha se halla cumplido.