La instalación de máquinas de votación, nuevo frente de las tensiones de cara a las presidenciales en RDC

El país se ha visto sacudido por la inestabilidad política y social a causa de la prolongación del mandato de Kabila, sustentada en un acuerdo entre el Gobierno y parte de la oposición el 31 de diciembre de 2016 para celebrar los comicios a finales de 2017.

Sin embargo, las autoridades anunciaron finalmente un nuevo aplazamiento argumentando que la situación de inseguridad en varias zonas del país y la dificultad para realizar el registro de votantes impedían que las elecciones se celebraran en dicha fecha. Finalmente, han sido programadas para el 23 de diciembre de este año.

La oposición ha denunciado en numerosas ocasiones desde entonces que todo ello forma parte de un intento de Kabila por prorrogar su mandato de forma ilegal y al margen de las urnas, si bien el mandatario ha sostenido en todo momento que la situación no depende de él y ha puesto el peso sobre la Comisión Electoral Independiente Nacional (CENI).

En este contexto, la CENI anunció en septiembre su decisión de utilizar máquinas de votación en el proceso argumentando que reduciría los costes, si bien la oposición y diversas organizaciones civiles han expresado sus dudas ante la falta de garantías y el hecho de que este sistema no se haya usado hasta ahora en el país.

El presidente del organismo electoral, Corneille Nangaa, aseguró que el sistema será usado a pesar de que en una primera prueba realizada en el marco de las elecciones a gobernador en agosto de 2017 dos de los tres sistemas presentaron fallos.

Poco después, organizaciones como Actuar para unas Elecciones Transparentes y Tranquilas (AETA) y el Observatorio de la Defensa Pública (ODEP) criticaron la decisión y afirmaron que minaría la transparencia y elevaría los costes del proceso.

Por su parte, el Grupo de Estudios sobre Congo (CRG) indicó en un informe publicado en abril de este año que el uso de estas máquinas "podría fomentar el caos" y explicó que "junto a los recientes cambios en la ley electoral, el uso de estas máquinas podría minar el voto secreto".

"Sólo otro país en África ha usado máquinas similares: Namibia, cuyo electorado equivale a un tres por ciento del de RDC y donde la comisión electoral invirtió mucho tiempo para probar las máquinas y educar a la población", agregó.

RECHAZO CONJUNTO Y RECLAMACIÓN DE UNA AUDITORÍA

El sistema ha sido además rechazado por numerosos políticos opositores, entre ellos Félix Tshisekedi --líder de la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS)--, una de las principales figuras de la oposición a Kabila.

En este sentido, Tshisekedi y otros cuatro altos cargos opositores publicaron el 11 de abril un comunicado rechazando el sistema y reclamando a la Fiscalía que abriera una "información judicial" sobre la diferencia de costes en la compra de los aparatos.

La declaración fue firmada por Tshisekedi, Eve Bazaiba, del Movimiento de Liberación de Congo/Frente para el Respeto a la Constitución (MLC/FRC); Vital Kamerhe, de la Unión por la Nación Congoleña (UNC); Pierre Lumbi (Juntos); y Freddy Matungulu, de Nuestro Congo (CNB/SYENGO).

En su comunicado, recogido por la emisora local Radio Okapi, denunciaron que "la máquina cuesta 400 dólares y ha sido comprada por la CENI al precio de 1.500 dólares", añadiendo así nuevas sombras a los esfuerzos de la comisión por implantarla de cara a las elecciones.

El pronunciamiento de la oposición llegó además poco después de que la comisión electoral de Corea del Sur --de donde es la empresa fabricante de las máquinas, Miru Systems-- se negara a dar "apoyo oficial" o "garantías" a las autoridades de RDC sobre el uso de este sistema.

Así, expresó su "gran inquietud" ante los esfuerzos de RDC por introducir el sistema "a pesar de la situación política inestable y el clima vulnerable, donde la falta de infraestructura eléctrica y el estado de las carreteras, la alta tasa de analfabetismo y el clima tropical podría llevar a un mal funcionamiento de las máquinas".

Por su parte, el presidente de la UDPS, Augustin Kibassa, advirtió el 14 de abril de que el uso de estas máquinas "será fuente de conflictos postelectorales" y solicitó a la comisión electoral que "se replantee su posición".

"Reclamamos a las fuerzas civiles, y particularmente a la Iglesia católica, que se implique en la supervisión de las elecciones para evitar trampas masivas que comprometan un veredicto popular creíble", remachó.

Los constantes retrasos en la convocatoria de elecciones han sumido el país en el caos y en la violencia política, que se ha cobrado las vidas de decenas de personas y causado que partes del país hayan acabado en manos de insurgentes que han amenazado con seguir la lucha hasta que el presidente --quien lleva en el cargo desde 2001-- abandone el poder.

Alrededor de 40 millones de personas se encuentran inscritas para votar en las elecciones en el país, que no ha conocido hasta la fecha una transición pacífica de poder.