Un antiguo investigador anticorrupción de Malta afirma que teme por su vida tras el asesinato de Caruana Galizia

Jonathan Ferris ha indicado, en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC, que ha pedido protección policial por temor a que se atente contra su vida tras analizar varios casos denunciados por la periodista.

Una de las investigaciones que realizaba la periodista en el momento de su muerte se centraba en las acusaciones contra el jefe del gabinete del primer ministro, Keith Schembri, y el ministro de Turismo, Konrad Mizzi.

Caruana Galizia afirmó que ambos eran beneficiarios financieros de una compañía 'offshore' registrada en Panamá, siendo ambos nombrados en los conocidos 'Papeles de Panamá'. Ambos han rechazado las acusaciones contra ellos.

En este sentido, Ferris ha señalado que analizó el caso el año pasado cuando trabajaba para la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU), la agencia contra el blanqueo de dinero de Malta.

Ferris ha señalado que fue cesado en junio debido a que, según cree, su trabajo amenazaba con desvelar secretos sensibles. "Creemos que hubo una interferencia política", ha sostenido.

La FIAU ha negado esta versión, recalcando que Ferris fue cesado "únicamente a raíz de una valoración objetiva y exhaustiva de su desempeño (en el puesto de trabajo)".

Pese a ello, Ferris ha expresado su voluntad de revelar la información que descubrió, mostrando su temor de que "le pase algo". "Después del 16 de octubre y lo que le pasó a Daphne Caruana Galizia, dividí mi trabajo y mi información en seis sobre diferentes con notas específicas", ha detallado.

"Fueron distribuidos a seis miembros de mi familia y amigos cercanos, y si me pasa algo de forma repentina, toda la información será publicada de golpe", ha remachado Ferris.

La magistrada encargada de la investigación del asesinato de la periodista y bloguera decidió en diciembre llevar a juicio a los tres acusados del crimen tras analizar las pruebas preliminares del caso.

Los hermanos George y Alfred Degiorgio y Vincent Muscate fueron detenidos en diciembre tras el análisis de sus llamadas telefónicas y están acusados de haber matado a Caruana Galizia colocando una bomba lapa en su vehículo.

La decisión de apertura de juicio anunciada por la magistrada llega después de que los dos jueces anteriores se recusaran del caso. El primer magistrado se recusó después de que los abogados de la defensa se quejaran de que conocía a una de las hermanas de Caruana Galizia y le había enviado sus condolencias tras el asesinato de la periodista.

Posteriormente, la jueza que relevaba al recusado, Charmaine Galea, anunció su recusación porque la bloguera escribió sobre ella y sus supuestas conexiones con el Gobierno.

El Gobierno de Malta ha ofrecido una recompensa de un millón de euros para quien consiga información que ayude al esclarecimiento del caso. La familia de la periodista asesinada ha denunciado la gestión de la investigación y ha expresado su temor ante la posibilidad de que los responsables del asesinato no sean llevados ante la Justicia.