Nicolas Sarkozy, condenado a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias
Dictaminan que se produjo un pacto de corrupción entre el exmandatario y su abogado
La sentencia deja en suspenso dos de los tres años de cárcel a los que ha sido condenado
"Eran perfectamente conscientes del carácter fraudulento de sus acciones", ha esgrimido la jueza
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, figura referente de la derecha política francesa, ha conocido el veredicto del primero de los juicios en su contra. Nicolas Sarkozy ha sido condenado a tres años de cárcel por los delitos de corrupción y tráfico de influencia. El tribunal de París ha dictaminado que se produjo un "pacto de corrupción" entre el exmandatario galo de 66 años, su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert.
La Justicia francesa ha condenado al expresidente después de considerar probado que hizo uso de su posición para tratar de obtener información sobre una investigación.
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La sentencia, que deja en suspenso dos de los tres años de cárcel a los que ha sido condenado, incluye también penas similares contra el abogado Thierry Herzog y el juez Gilbert Azibert, las otras dos patas de una trama que ha sentado por primera vez en el banquillo a un antiguo jefe de Estado galo.
"Eran perfectamente conscientes del carácter fraudulento de sus acciones", ha esgrimido la jueza Christine Mée al leer el veredicto por el conocido como 'caso de las escuchas', informa 'Franceinfo'. La Fiscalía pedía contra Sarkozy cuatro años de cárcel, dos de ellos en firme, por lo que la pena final ha terminado siendo menos dura.
El Ministerio Público acusaba a Sarkozy de intentar obtener a través de Herzog información secreta, para lo cual habría recurrido a Azibert, entonces en el Tribunal de Casación. Según los investigadores, el expresidente ofreció a Azibert un puesto en Mónaco a cambio de datos relativos a una causa abierta por presunta financiación irregular de campaña.
Las acusaciones se basan en conversaciones telefónicas privadas entre Sarkozy y Herzog. El expresidente, que ha negado que hubiese cometido irregularidad alguna, intentó tumbar las grabaciones como pruebas válidas en el juicio, ya que considera que se realizaron de forma ilegal.