La oposición de Maldivas contrata a un exrelator de la ONU para defender su postura ante la crisis

Varios partidos opositores han revelado que han acordado contratar a un equipo de abogados, entre los que figura Ben Emmerson --relator especial de la ONU sobre terrorismo y Derechos Humanos entre 2011 y 2017--, para defender sus intereses.

Así, han recalcado que Emmerson asesorará sus discusiones con el Gobierno, al tiempo que han pedido nuevamente al secretario general de la ONU, António Guterres, que intervenga, según ha informado el portal local de noticias Raajje.

Emmerson fue el abogado de Maria Litvinenko --la mujer del exagente ruso Alexander Litvinenko, muerto el año 2000 tras ser envenenado-- y también de Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo seis meses acusado de terrorismo en la guerra civil de Siria.

Asimismo, el abogado británico, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, encabeza el equipo de defensa del líder de ERC, Oriol Junqueras; el líder del PDeCAT en el Parlament, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El anuncio ha llegado un día después de que el Tribunal Supremo de Maldivas validara la prórroga del estado de emergencia aprobada la semana pasada por el Parlamento, a pesar de que en la votación no participó el mínimo de parlamentarios necesario para que recibiera luz verde.

En la votación participaron únicamente 38 parlamentarios --todos ellos del partido gubernamental--, a pesar de que era necesario que estuvieran presentes 43 para que la votación fuera válida.

Sin embargo, el Supremo ha dicho que el 'quorum' de 43 parlamentarios para "cualquier asunto de cumplimiento para los ciudadanos" no es aplicable en el caso del estado de emergencia.

La Policía ha detenido al menos a tres parlamentarios opositores que protestaban contra la decisión del Supremo pasado el toque de queda, tal y como han señalado el Partido Democrático de Maldivas (PDM) y el Partido Adhaalath.

El presidente de Maldivas declaró el estado de emergencia a raíz de la crisis política que se desató por la decisión del Tribunal Supremo de excarcelar a nueve opositores, medida que fue retirada después de la detención del presidente del organismo, Abdulá Said.

En su primer fallo, el Supremo ordenó la liberación inmediata de Nashid --quien se encuentra en el exilio-- y otros ocho líderes opositores, entre ellos el exvicepresidente Ahmed Adib, y recalcó que se deben repetir los juicios contra ellos.

La decisión afectaba además al parlamentario Ahmed Faris; el líder del Partido Jumhuri, Gasim Ibrahim; el exfiscal general Muhuzaz Muhsin; el exmagistrado Ahmed Nihan; el líder del Partido Adhaalaz, Imran Abdulá; el exministro de Defensa Mohamed Nazim; y Hamid Ismail.

El tribunal ordenó además que los doce parlamentarios cesados de sus cargos que vuelvan a sus escaños, lo que da la mayoría a la oposición, que podría aprobar un 'impeachment' contra el presidente.

La inestabilidad es persistente en el archipiélago desde el derrocamiento de Nashid en febrero de 2012, tras lo que fue arrestado y sentenciado en marzo por ordenar el secuestro de un juez, tras un proceso criticado por la comunidad internacional.