Dos organizaciones piden a Francia que cumpla su promesa de prohibir y prevenir la discriminación étnica

"Francia ha reconocido que es un error que la Policía pare a la gente en las calles y los trate como criminales o ciudadanos de 'segunda' solamente por su apariencia", ha declarado el director ejecutivo de Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta. "Ahora, es momento de que garantice que estos episodios abusivos dejarán de existir de una vez por todas", ha proseguido.

Organizaciones nacionales e internacionales llevan años informando de los abusos que sufren numerosos ciudadanos durante los controles de identidad en Francia, incluida la discriminación étnica. Estas violaciones dañan las relaciones entre las fuerzas de seguridad y la población, han afirmado ambas organizaciones en su comunicado, y hacen que las víctimas se sientan ciudadanos de "segunda clase".

HRW e Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta han trabajado conjuntamente con seis ONG francesas con el objetivo de presionar al Gobierno para que ponga fin a estas prácticas abusivas por parte de la Policía.

Durante la campaña electoral de 2012, el presidente, François Hollande, se comprometió a "luchar contra la discriminación". Asimismo, el nuevo primer ministro, Jean Marc Ayrault, prometió en septiembre de 2012 que el Gobierno introduciría pronto "formas de reducir" este problema y proporcionaría datos sobre el modo en el que la Policía emplea su autoridad para parar a gente por las calles, según el comunicado.

Cuatro países --México, Egipto, India y Pakistán-- recomendaron a Francia, el pasado mes de enero durante el 'Examen Periódico Universal' (UPR), que pusiese fin a las prácticas discriminatorias. Para llevar a cabo sus sugerencias, según las organizaciones, el Gobierno debería, entre otras tareas, aprobar una ley que prohibiese "explícitamente" el uso de la discriminación étnica durante los procedimientos de identificación.

"Estos cambios se necesitan desde hace mucho tiempo", ha subrayado la investigadora de HRW para Europa, Judith Sunderland. "El Gobierno tiene que actuar con rapidez para cumplir sus nuevas promesas y compromisos previos" y así "para poner fin a las prácticas discriminatorias", ha agregado.