Nueve países se oponen a una cuota femenina del 40% en los consejos de administración

En una carta remitida al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y a su vicepresidenta responsable de Justicia, Viviane Reding, los nueve países dejan claro que se oponen a cualquier "medida legalmente vinculante a nivel europeo" para equilibrar el peso de hombres y mujeres en los puestos de decisión.

Junto a Reino Unido y Países Bajos, firman la carta Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, República Checa, Hungría y Malta, lo que sumaría un tercio de los Estados miembro de la Unión Europea y podría obligar al Ejecutivo comunitario a revisar su propuesta.

Bruselas ha confirmado este lunes a través de una portavoz de Reding que la carta llegó el pasado viernes y ha recordado que "no es un secreto" que el Ejecutivo comunitario está preparando una propuesta en esta línea.

El objetivo es presentar un documento antes de que acabe el año, pero que "no hay una propuesta final sobre la mesa", ha explicado la portavoz, Mina Andreeva, quién ha recordado que la norma deberá ser acordada en codecisión entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete.

En concreto, la propuesta en la que trabaja el departamento de Reding y que aún puede sufrir modificaciones apuesta por imponer una cuota del 40 por ciento del sexo infrarrepresentado en los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas de aquí a 2020.

Bruselas da este paso tras invitar sin éxito a las empresas europeas a adoptar medidas voluntarias para corregir el fuerte desequilibrio entre hombres y mujeres en los puestos de poder. Según datos del pasado marzo, la representación femenina sólo llega al 13,7 por ciento en el conjunto de la Unión Europea.

España tiene una cuota de mujeres en las cúpulas empresariales por debajo de la media europea, el 11,5 por ciento, a pesar de que es uno de los pocos Estados de la UE que ha legislado sobre la materia, junto a Bélgica, Francia, Italia y Holanda.

La norma no afectará a las pequeñas medianas y pequeñas, es decir, a las que tienen menos de 2050 empleados o ingresos anuales inferiores a los 50 millones de euros. Pero aplicará requisitos más estrictos a las empresas públicas.

Tampoco definirá el tipo de sanciones que se impondrán a las compañías incumplidoras, pero exigirá a los Estados miembros que éstas sean "eficaces y disuasivas".

La iniciativa chocará con la oposición de un gran número de Estados miembros, que son, junto a la Eurocámara, los que deben aprobar la nueva legislación. En un reciente debate, sólo Francia, Italia y Bélgica se mostraron a favor de introducir cuotas obligatorias para las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas.

En cambio, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, República Checa, Chipre y Malta rechazaron esta medida.