El ex presidente Belisario Betancur pide perdón por la matanza del Palacio de Justicia

"Pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron un inmenso dolor a los familiares de las victimas y tanto dolor históricos al país y reitero que haría cualquier otra cosa para aliviarlo", ha dicho Betancur en una carta abierta.

El ex jefe de Estado ha confesado que "estos hechos y la justa tristeza acumulada en tantos compatriotas" han excedido no solo "la conciencia individual", sino también la suya propia, admitiendo que "nunca" pensó que "algo así pudiera llegar a pasar".

"Pasados tantos años y en el contexto de nuevas realidades desconocidas entonces, miro hacia atrás y veo que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas y para garantizar un mejor manejo del lugar de los hechos donde fueron vilmente sacrificados numerosos ciudadanos", ha dicho.

Betancur ha afirmado que, "a pesar de la vulneración del espíritu de quienes, ante la toma sangrienta del Palacio de Justicia por el M19, defendían a su saber y entender la Constitución y las Leyes, nada podría justificar el exceso del uso de la fuerza rente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inerme".

"Tampoco existe justificación para que los guerrilleros hayan pretendido obligar a reanudar unas conversaciones que estuvieron permanentemente abiertas, ni para que los asaltantes violaran la sede sagrada de la justicia, al irrumpir en ellas a tiros matando y sacrificando a sus excelsos representantes", ha apuntado.

"LA VERDAD"

Betancur ha sostenido que durante estas tres décadas también ha tenido presente "el justo reclamo de la verdad por quienes sobreviven, muchos de ellos buscando a sus seres queridos". "Nuestra memoria y la del país estarán incompletas hasta cuando podamos conceder el paradero de todos los desaparecidos", ha afirmado.

A este respecto, ha recalcado que no ha guardado silencio, recordando que ha declarado durante "más de 80 horas ante la justicia". "He atendido y continuaré atendiendo todos los requerimientos que la administración de justicia me ha hecho y me haga en el futuro", ha prometido.

"Nunca he estado a favor del silencio, menos cuando se trata de establecer responsabilidades (...) Al contrario, soy partidario de que se sepa toda la verdad, lo que en algo aliviaría tanto dolor de los familiares de las víctimas y de la sociedad", ha indicado.

INVESTIGACIÓN FISCAL

Betancur ha hecho estas declaraciones después de que la Fiscalía haya adelantado que entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre tendrán que declarar a tres ministros de su Gobierno para determinar si estaban al tanto de los planes de la guerrilla del M-19 de atacar el Palacio de Justicia.

El Ministerio Público baraja la posibilidad de que el Gobierno fuera consciente de lo que iba a suceder y lo permitiera para dar un golpe contundente a la guerrilla y forzar su rendición definitiva, como finalmente ocurrió.

"Este es uno de los indicios sobre los cuales trabaja la Fiscalía para no descartar el hecho de lo que ha denominado la 'Operación Ratonera', que consistía en permitir el ingreso de miembros del M-19 para posteriormente darle muerte en la retoma", ha señalado Montealegre.

TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.

En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y recientemente ha pasado a ocho.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública --militares y policías--. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.

CONDENA A COLOMBIA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el año pasado al Estado colombiano por su responsabilidad en las numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de la toma del Palacio de Justicia.

En concreto, condenó a Colombia por "las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos visitantes y de una guerrillera del M-19", así como por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

También apuntó a "las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19".

Además, señaló a "la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y al incumplimiento del deber de prevención frente al riesgo en el que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia, que era conocido por el Estado".