La prohibición del aborto en Nicaragua pone en riesgo la vida de muchas mujeres, según HRW

"La prohibición del aborto en Nicaragua crea miedo e incertidumbre entre las mujeres y niñas, poniendo en peligro sus vidas, negándoles autonomía y privacidad e interfiriendo en la atención médica", ha denunciado la responsable de derechos de las mujeres de HRW, Sarah Taylor.

Mujeres y niñas con dificultades en sus embarazos están llevando a cabo abortos de manera clandestina, unas prácticas que desencadenan problemas médicos que, sin embargo, no son comunicados ni bien explicados al personal sanitario por miedo.

El Código Penal de Nicaragua prevé condenas de hasta dos años de prisión a las mujeres que interrumpen su embarazo y de hasta seis a los profesionales que procuran los abortos, que en muchas ocasiones son quienes delatan a las mujeres.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La violencia es una realidad en Nicaragua. El informe de HRW recoge el caso de una mujer que había sido violada por su pareja en numerosas ocasiones. Tras el primer embarazo tuvo un bebé pero después del segundo decidió abortar de manera clandestina.

"No deben ser doblemente maltratadas por verse obligadas a finalizar los embarazos que han resultado de una violación", ha añadido Taylor. Las víctimas son estigmatizadas y culpabilizadas, "cuando se las pregunta, contestan que la violación fue culpa suya", ha relatado personal de la organización.

Aunque ilegales, las mujeres con mayores ingresos pueden permitirse métodos más seguros. Es por eso que la prohibición del aborto tiene un mayor impacto en las mujeres de clases sociales más bajas, que en algunos casos, al confirmarse el embarazo, llegan a plantearse el suicidio.

Los líderes religiosos tienen un papel social de gran importancia en Nicaragua y la mayoría proclaman una fuerte oposición al aborto, lo que aumenta la vergüenza y condena.

Debido a la falta de información gubernamental, la percepción de la población es que las autoridades no aplican la ley. Sin embargo, un informe de 2016 concluyó que entre 2003 y 2013, unas 290 personas fueron denunciadas o detenidas en relación con el veto. Grupos de activistas y de Derechos Humanos han advertido que en muchos casos son los médicos y personal de los hospitales quienes acusan a las mujeres ante la Policía.

HRW ha denunciado también las trabas del Gobierno a la entrada de financiación para organizaciones tanto locales como internacionales que ayudan y defienden los derechos de las mujeres. "Cualquiera que quiera hablar de esto debe ser muy valiente y estar preparado para las consecuencias", ha advertido un activista.