El fiscal general acusa a los republicanos de electoralismo por acusarle de desacato al Congreso

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha acusado a los republicanos de la Cámara de Representantes de emprender una campaña en su contra con la vista puesta en las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre por acusarle de desacato al Congreso por negarse a entregar documentación de la 'Operación Rápido y Furioso', aseverando que ha colaborado permanentemente con la comisión que se encarga de investigar el caso.

Entre 2009 y 2010 las autoridades estadounidenses introdujeron más de 2.000 armas en México, sin el conocimiento del Gobierno de Felipe Calderón, para hacerles un seguimiento y descubrir los entresijos del crimen organizado. Sin embargo, perdieron la pista al armamento, fortaleciendo con ello a las organizaciones criminales.

La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental, controlada por los republicanos, ha acusado a Holder de desacato al Congreso por negarse a entregar dicha documentación con la ayuda del presidente estadounidense, Barack Obama, que ha invocado un privilegio gubernamental para bloquear la divulgación del material.

A través de un comunicado, Holder ha rechazado la acusación de los congresistas republicanos, explicando que "en los últimos meses el Departamento de Justicia ha realizado un esfuerzo sin precedentes para responder a las demandas de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental", en el marco de la investigación de 'Rápido y Furioso'.

"Los funcionarios del Departamento de Justicia han pasado incontables horas compilando y facilitando miles de documentos, alrededor de 8.000, para la comisión", ha dicho, revelando que ayer se reunió con el presidente de la comisión, el republicano Darrell Issa, "para ofrecerle más documentos e información de carácter interno".

Además, ha recordado que, "antes de que Issa se interesara por el asunto", en cuanto supo de la existencia de 'Rápido y Furioso' ordenó cancelar la operación y promovió una investigación interna que concluyó con una remodelación de la cúpula de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a cargo del operativo.

Así, "cuando Issa comenzó su propia investigación, dejé claro que el Departamento de Justicia cooperaría, aunque respetando nuestra obligación legal de proteger la información sensible que, de ser revelada, pondría en peligro a las fuerzas de seguridad y al pueblo estadounidenses".

Por todo ello, ha considerado que "cualquier acusación de que el Departamento de Justicia ha actuado de forma irresponsable es falsa" y ha denunciado que "Issa ha rechazado todos los esfuerzos para llegar a una solución razonable y ha preferido llevar a cabo una acción innecesaria y extraordinaria que no contribuirá a corregir los errores de ésta y otras operaciones anteriores".

En concreto, el fiscal general ha apuntado que la actuación del congresista republicano responde a una "táctica electoral" para provocar un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo y "distraer la atención" de los estadounidenses.

"El pueblo estadounidense merece algo mejor. Por ello, seguiré centrado y comprometido con la misión del Departamento de Justicia de proteger los derechos y los intereses de mis queridos ciudadanos y de permanecer al lado de mis valientes colegas de las fuerzas de seguridad".

Los congresistas republicanos han anunciado que convocarán para la próxima semana una votación plenaria sobre la acusación de desacato. De ser aprobada, la demanda podría llegar a los tribunales estadounidenses y Holder podría ser condenado a una pena de prisión y al pago de una multa.

No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y el líder de la mayoría republicana, Eric Cantor, han adelantado que si el fiscal general entrega la documentación antes de que se celebre la votación plenaria, podrían olvidar el asunto.