Lucha antiterrorista, la encrucijada entre libertad y seguridad

Tras los ataques del 11-S, Estados Unidos respondió con una guerra a miles de kilómetros y la ley patriótica. Un texto elaborado, en apenas 15 días, que daba grandes poderes al Estado para espiar a sus ciudadanos. Más seguridad pero también excesos como escuchas masivas o el espionaje incluso a mandatarios de países aliados. 14 años después con unos terroristas más sofisticados, capaces de radicalizar a jóvenes de occidente contra sus propios países y con acciones tan cruentas y mediáticas como impredecibles, Europa se pregunta qué hacer. Primero, más información. Exigirá a las compañías aéreas datos de sus viajeros sobre origen, destino, nacionalidad, incluso si fuera necesario el tipo de menú elegido. Pero también respalda la idea de retirar los pasaportes o DNI sus ciudadanos si se cree que tienen intención de viajar para luchar por la yihad. Es lo que ha anunciado Alemania o Bélgica. Se pretende evitar el turismo yihadista, en la que Francia es, a su pesar, líder. Unos 1400 franceses han pasado ha engrosar las listas de terroristas desplazados en Siria e Irak y una vez adiestrados se teme su regreso a casa. Para evitar la radicalización el Elíseo quiere elevar el control de internet y las redes sociales y dispersará a los presos yihadistas en las cárceles del país. Otros han llegado más lejos, en el Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, ha planteado prohibir sistemas de mensajería cifrados como WhatsApp y similares si no permiten que se puedan espiar sus datos. El objetivo es que los terroristas no se comuniquen libremente entre ellos. Y en España, se acaba de aprobar un anteproyecto de ley de seguridad nacional que permitirá al gobierno, en caso de crisis, adoptar medidas excepcionales, como incautar bienes privados o movilizar a las policía locales o autonómicas. Además se negocia con las fuerzas políticas que sea delito viajar a zona de conflicto para colaborar con los terroristas o la consulta propaganda del islamismo radical y ampliar los delitos en los que la Policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial previa. En todos los casos, la privacidad queda en segundo plano. Todas serán medidas que se abordarán en la cumbre de la Unión Europea a finales de mes.