Las zonas veredales podrían convertirse en el hogar provisional de las FARC tras el desarme

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sopesan prolongar la vida de las zonas veredales, pensadas en un principio solamente para que los guerrilleros tuvieran un lugar donde llevar a cabo una desmovilización y un desarme verificados, para que los antiguos insurgentes puedan comenzar allí su reincorporación como civiles.

'Pastor Alape', negociador de paz de las FARC, planteó esta posibilidad la semana pasada dando por hecho que los ex combatientes --ya con esta consideración-- podrían prorrogar su presencia en las zonas veredales 90 días a contar desde el 1 de junio, cuando está previsto que se complete el desarme.

'Marco Calarcá', el representante de las FARC ante el Mecanismo de Monitoreo conjunto, argumentó que "no solo es conveniente sino que es necesario" porque, de lo contrario, los guerrilleros, que ya han abandonado sus antiguos bastiones y para entonces también sus armas, no tendrán lugar donde quedarse.

"Esto está aún en discusión", ha aclarado el Alto Comisionado de Colombia para la Paz, Sergio Jaramillo, en una entrevista concedida a Europa Press. Las FARC, ha revelado, han realizado esta petición y el Gobierno, aunque se muestra receptivo, todavía la está estudiando.

Jaramillo ha explicado que la condición indispensable para mantener las zonas veredales más allá del 1 de junio es que las FARC cumplan con el calendario pactado y para esa fecha hayan entregado todos sus arsenales a Naciones Unidas, que los destruirá y construirá con ellos monumentos a las víctimas de la guerra en Colombia.

"Estamos de acuerdo en que las zonas veredales como zonas veredales no deben seguir existiendo porque ha terminado el cese el fuego, ha terminado la dejación de armas, pero sí podemos considerar la utilización de las infraestructuras que hay en estos campamentos un tiempo más", ha dicho Jaramillo.

Para el Ejecutivo de Juan Manuel Santos dicha petición "tiene sentido" porque supone aprovechar las instalaciones que "tanto trabajo" ha costado construir en una treintena de puntos concretos de la selva colombiana para dar una segunda oportunidad a los cerca de 7.000 guerrilleros que aguardan allí su paso a la vida civil.

Interrogado sobre cuánto se podría extender la estancia de las FARC en estos hogares provisionales, Jaramillo ha subrayado que todavía "no se ha establecido el detalle", pero ha apuntado a "un tiempo razonable" que permita a los ex insurgentes encauzar su nueva vida.

TRABAJO RURAL

La transición supone reciclar a los miembros de las FARC para darles un oficio que les permita dejar atrás definitivamente la lucha armada. El acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá y negociado durante cuatro años en La Habana encarga la tarea al Consejo Nacional de Reincorporación, ya en funcionamiento.

"Las FARC tienen interés en hacer la reincorporación a la vida civil en las zonas rurales y tienen interés en hacerlo de forma colectiva", ha contado Jaramillo, si bien se valorarán las capacidades individuales de cada guerrillero para el proceso de formación, según apuntó el ministro para el Postcoflicto, Rafael Pardo.

El Alto Comisionado ha considerado que la conversión de los guerrilleros ofrece "una muy buena oportunidad de que haya una complementariedad entre la implementación y la reincorporación" porque hay necesidades de "gran cantidad de cosas" en los lugares más afectados por la guerra.

Así, las FARC podrían convertirse en "constructoras ellas mismas de la paz" --"cosa que nunca se ha hecho en Colombia"--, por ejemplo, participando en las tareas de desminado o en la reconstrucción de las propiedades e infraestructuras dañadas por el conflicto. De esta forma, "todo queda engranado", ha destacado.

LA AMENAZA CRIMINAL

No obstante, la vida de los guerrilleros en las zonas veredales está amenazada, según han denunciado importantes miembros de las FARC en los últimos meses, por la presencia de grupos paramilitares o bandas criminales en los alrededores, que se ha hecho visible con una nueva ola de asesinatos de líderes sociales.

"La situación de seguridad es muy variada", ha afirmado Jaramillo, precisando que, aunque todavía "no ha habido ningún incidente en zonas veredales", "hay lugares donde hay problemas" y, en concreto, ha mencionado Córdoba, "donde ha habido muchas denuncias sobre bandas criminales", entre las que destaca el Clan del Golfo.

Jaramillo ha expresado la "gran preocupación" del Gobierno por estos hechos y ha admitido que "hay que estar alerta, no bajar la guardia". "No hay que ser ingenuos", ha apostillado, admitiendo que se trata de "un mensaje muy malo" justo ahora, cuando arranca la era del postconflicto.

Pese a ello, ha descartado un posible exterminio de miembros de las FARC, como ocurrió con el partido político surgido de la extinta guerrilla del M-19, porque "vivimos en otro momento". "El Estado colombiano es mucho más fuerte y tiene los medios para evitar que eso se repita", ha sostenido.

Jaramillo ha recalcado que la seguridad de los guerrilleros "depende también de las propias FARC" porque, "en la medida en que haya un desarme claro y rápido y la gente vea que están jugando con las reglas del juego, pues tendrá mucha más facilidad el proceso de paz y correremos muchos menos riesgos".

Además, ha recordado que, una vez completado el desarme, "un número muy importante de miembros de las FARC, unos cientos, recibirán entrenamiento para ingresar a la Unidad de Protección Nacional del Estado". "Eso podría pasar tan pronto como la semana entrante si aceleran el paso", ha añadido.

"MUCHO OPTIMISMO"

El Alto Comisionado, que formó parte del equipo negociador del Gobierno, ha defendido que, si bien "la implementación siempre es difícil", el acuerdo de paz es ya una realidad que "ha cambiado radicalmente la vida de la gente" en los lugares más castigados por la guerra. "Yo veo la película con mucho optimismo", ha dicho.

Jaramillo ha reconocido, sin embargo, que el proceso de paz podría sufrir un revés en el caso de que el Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe cumpla su amenaza de tumbar los textos de La Habana si se hace con la victoria en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

"El proceso de paz tiene muchas garantías (...) pero, sin duda, si llega un Gobierno que no es amigo del proceso de paz y que no le da la gana continuar con la implementación, pues puede retrasarlo", ha admitido. "Tendremos que esperar a lo que pase en 2018".