AMP- Fiscalía pide 14 años para Blasco por malversación y prevaricación en el caso Cooperación

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el diputado del PP y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes. Asimismo, le reclama que pague una multa de 43.200 euros.

Así se desprende del escrito de calificación provisional presentado este lunes --aunque no ha trascendido hasta hoy-- ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde se instruye el 'caso Cooperación', del que dimanan dos piezas: la primera, en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería de Solidaridad a la Fundación Cyes; y la segunda, relativa al supuesto desvío de fondos en favor de la trama entre 2009 y 2011.

El escrito del fiscal se dirige contra Blasco y contra ocho imputados más, para los que se pide la apertura de juicio oral: el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

Sin embargo, la solicitud de pena más alta de prisión es para Blasco, con 14 años; a él le siguen Tina Sanjuán, para la que el ministerio público solicita 13 años y medio, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; Catalá, con 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; Tauroni, con 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad; Felip, con 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; Llinares, con ocho de prisión y 18 de inhabilitación; Llopis, con seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, Marcial López y Josefa Cervera, para los que Fiscalía reclama cuatro años de cárcel, y el pago de una multa --para cada uno-- de seis millones de euros.

En cuanto a la responsabilidad civil, los fiscales del caso --Jesús Carrasco y Vicente Torres-- solicitan que López, Cervera y Tauroni indemnicen conjunta y solidariamente a la Generalitat Valenciana con la cantidad presuntamente defraudada en esta pieza, que asciende a 1.784.840,04.

"AMIGO PERSONAL"

Según se detalla en el escrito provisional, Tauroni, presunto cabecilla de la trama, era "amigo personal" de Blasco en el momento de cometerse los hechos delictivos --extremo que el diputado siempre ha negado-- y, de hecho, a través de éste se enteró de la convocatoria, en enero y marzo de 2008, de subvenciones para ONGs.

Seguidamente, Tauroni se puso en contacto con Marcial López, de la Fundación Cyes, al que le propuso presentarse a las convocatorias de Solidaridad a cambio de obtener un 25 por ciento de cada una de las subvenciones que le concediera a la fundación. Para lograr este beneficio, Tauroni utilizó la mercantil Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L., sociedad adquirida en octubre de 2007.

Con el objeto de presentar las solicitudes a las subvenciones, Tauroni y López se reunieron varias veces, así como con personal de la Consejería, desde donde se les asesoró sobre la documentación a presentar, "gracias a la intervención o con la medicación del consejero Rafael Blasco", se indica en el mismo escrito.

Así, en junio de 2008, López presentó las solicitudes para dos subvenciones: Abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso, en Nicaragua; y Producción de alimentos con enfoque de 'soberanía alimentaria' en Nicaragua. En estas solicitudes ya se incumplían dos de los principales requisitos: no se concurría con ninguna otra ONGD con sede en la Comunidad; y en ningún momento se acreditó la experiencia previa exigida.

Ante estos incumplimientos, y pese a haber modificado documentos Tina Sanjuán, técnicos de la Consejería rechazaron en el Comité de Valoración aprobar las subvenciones. Ante esta situación, Blasco ordenó ese mismo día convocar a estos técnicos por la tarde, y en este encuentro les "exigió" la entrega del acta, y les dijo que quienes debían interpretar si estaba o no acredita la experiencia de la Fundación Cyes eran él o Catalá.

"CON ÁNIMO DE AMEDRENTARLES"

Ante la nueva negativa, Blasco --según el mismo escrito-- les dijo, "con ánimo de amedrentarles", y con la finalidad de poder resolver la convocatoria a favor de la fundación, que iba a revisar todos los expedientes que habían tramitado.

Como consecuencia de esta situación, Tina Sanjuán se dedicó a recabar más documentación para justificar la experiencia de la entidad, creada 'ad hoc' por López, quien "ni estuvo ni ha estado nunca en Nicaragua". Una vez conseguida el acta, Blasco aprobó la resolución de las dos subvenciones el 22 de agosto de 2008, por valor de 1.666.819,86 euros. Y además, el 11 de septiembre, pese a no haberse reformulado los proyectos, la Generalitat ya le ingresó el dinero en las cuentas corrientes habilitadas. Y ese mismo día, Tauroni cobró su parte.

Del total del dinero aportado, la fundación compró tres inmuebles y una plaza de aparcamiento por valor de 805.000 euros, cantidad que con la reforma y gastos ascendió a 969.875,74 euros. En contraprestación, únicamente se transfirió a Nicaragua 43.000 euros por los dos proyectos, es decir, el 2,5 por ciento del total de las subvenciones. Este hecho era conocido por Blasco, Sanjuán y Llinares.

Seguidamente, la fundación intentó justificar con facturas "de manera falsaria" gastos en Nicaragua que no se habían llevado a cabo, y en las que se modifican las córdobas por los euros, y seguidamente LLinares lo aprobó. El 6 de octubre de 2010, tras hacerse pública esta compra de pisos, Blasco ordenó elaborar un certificado donde figurasen las facturas admitidas y excluidas con la premisa de que los inmuebles adquiridos "quedaran entre las excluidas". Para ello, se modificó la fecha, y se puso el 12 de julio pese a estar hecho en octubre.

Este dossier fue remitido por orden de Blasco a la Fiscalía de Valencia y a la Sindicatura de Cuentas para acreditar "de modo mendaz" la legalidad de las subvenciones, "sabedor de que se habían creado documentos 'ad hoc' para respaldar la correcta actuación de la consejería de la que era titular". Junto a estas dos ayudas, la consejería concedió otras tres subvenciones a la fundación por 161.020,18 euros, para unos másteres, sobre los que se presentaron unas facturas pese a que los trabajos no se habían realizado.