AMP) El Juzgado cita a declarar como investigados a Ignacio González, su mujer y Enrique Cerezo por el ático en Estepona

El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha citado a declarar en calidad de investigados al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a su mujer, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático que tenía arrendado el exdirigente madrileño en la localidad malagueña de Estepona y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad.

La jueza accede así a la petición que en este sentido le formuló la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al entender que González podría haber incurrido en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Además, la magistrada pide información a cinco entidades bancarias para conocer el patrimonio de González y su esposa.

"Recíbase declaración en calidad de investigados a Ignacio González González a Lourdes Cavero Mestre y a Enrique Cerezo Torres y recábense los antecedentes penales, señalándose a tal efecto el día 18 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10.00 HORAS, 10.30 HORAS Y 11 HORAS respectivamente", dice la providencia de la jueza a la que ha tenido acceso Europa Press y que lleva fecha de ayer martes.

La jueza les cita como investigados (figura que sustituye al imputado) al ser preciso reproducir ante ellos "las conversaciones grabadas aportadas al procedimiento". Se refiere a las grabaciones que en 2011 hizo el comisario de Policía José Manuel Villarejo de una conversación mantenida en persona con González y de varios intercambios telefónicos mantenidos con Cerezo, en todos los casos trataban la investigación del ático.

"SOMOS TRONCOS Y A TOMAR POR CULO"

El audio que trascendió sobre el encuentro entre el mando policial y González es de cuatro minutos y 32 segundos (de los 43 minutos que duró la cita). En esta grabación se escucha cómo Villarejo le informa de que hay una persona que le vincula a una sociedad radicada en Delaware. González lo niega y añade: "El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero". "Efectivamente, efectivamente, eso es lo que hay que evitar", responde Villarejo.

Antes de despedirse quedan para volver a hablar y Villarejo le propone hacerlo unos días después, a su regreso de un viaje a Miami: "Es una oportunidad cojonuda de que cuando vuelva digas 'tengo una información', contar una historieta y tirar balones fuera y ya está. En lo que a mi respecta ya lo sabes, somos troncos y a tomar por culo macho".

Por su parte, en la conversación con Cerezo se escucha decir a Villarejo que "si en su día hubiera hecho un poco de caso" y le "hubiera dado un poco de armas para defender la situación, la cosa no hubiera llegado a nada". Según el diario 'El Mundo' (que publicó las grabaciones) con esa frase, Villarejo se refiere a Ignacio González. "Siempre que puedo echar una mano a un amigo o al amigo de un amigo por mi no tengo ningún problema", zanja Villarejo. "Pepe, aquí tienes un amigo, te lo digo yo", le replica Cerezo.

La jueza explica en su providencia que esas grabaciones fueron aportadas a la Guardia Civil de Málaga, concretamente al Servicio de Criminalística, para que las analizasen. La jueza pide al Instituto Armado que se las devuelvan "con antelación suficiente" a la fecha de la citación de los tres investigados.

PETICIÓN AL "TESTIGO2 VILLAREJO

También pide al "testigo" Villarejo que envíe al Juzgado "el equipo con el que se realizó el registro de las conversaciones, junto con los elementos auxiliares (fuentes de alimentación, baterías, cableado de conexión...) así como el soporte de grabación". Solicita además a 'El Mundo' que informe acerca de si, al publicar las grabaciones, realizó algún tratamiento de los ficheros.

En su providencia además se incluyen otras actuaciones como la petición de otra comisión rogatoria a Panamá "reclamando la información interesada en su día, aclarando que el delito objeto de investigación se ha visto ampliado, a resultas de la investigación efectuada, abarcando a la presunta existencia de un delito de cohecho".

Esta nueva petición se debe a que las autoridades de Panamá habían denegado la información solicitada argumentando que en ese país no se halla tipificado el delito contra la Hacienda Pública, ni ese delito puede ser considerado antecedente de un posterior delito de blanqueo de capitales. Ahora, al ampliarse al cohecho los indicios de delito, la jueza insiste en su solicitud de información que también efectuó el fiscal.

En su citación, la jueza traslada a las partes la traducción que recibió el pasado 3 de marzo de la Comisión Rogatoria solicitada al Reino Unido. Fue en 2013 la primera vez que este Juzgado remitió esa comisión rogatoria, cuyo objetivo era conocer los datos de los que dispone el banco británico LLOYDS TBS BANK PLC de Londres sobre las operaciones de la empresa 'Coast Investors' a la que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González compró su ático de Marbella.

PIDE OTRA TASACIÓN DEL ÁTICO

La jueza pide también que se proceda a hacer una tasación judicial del ático cuando fue adquirido en 2008 por 'Coast Investors' y en 2012 cuando fue adquirido por González y su mujer. Asimismo quiere conocer el patrimonio de González, su mujer y Coast Investors por lo que libra un oficio a Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular.

Libra oficio a la Policía Nacional de Estepona para que le informe de cuál es la "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos".

Asimismo, la Fiscalía instaba al juzgado en su escrito a que se acordara la complejidad de esta causa y consideraba que por el momento no se debe producir la inhibición al caso 'Gürtel', que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 5, al no estar acreditada la vinculación de los hechos, aunque se apunta que habrá que esperar al resultado de otras diligencias.

La jueza no entra a valorar en su providencia esa posible inhibición al caso Gürtel, pero sí da a las partes personadas cinco días de plazo para que presenten alegaciones sobre declarar la complejidad de la causa. Esto permitiría ampliar el plazo de seis meses que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para la investigación de los casos.