AMP- El tercer director de Trabajo de los ERE se siente "injustamente imputado" y recuerda que denunció irregularidades

Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo, ha asegurado en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, que se siente "injustamente imputado y absolutamente inocente", al tiempo que ha querido dejar claro que fue "el primero" en denunciar ante la Justicia las "irregularidades" de las que tuvo conocimiento.

Rivera, que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo desde el 2010, --tras el cese de Juan Márquez, a su vez sucesor de Javier Guerrero--, hasta el pasado mes de junio, está imputado por la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso, de los presuntos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación.

La juez le imputa haber otorgado 42,94 millones de euros en ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de un convenio-marco, así como no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su responsabilidad directa y la "desaparición" de algunos documentos de los expedientes de las ayudas.

Durante una breve intervención, en la que ha comenzado asegurando se acoge a su derecho a no responder preguntas, Rivera ha dicho sentirse "satisfecho" del trabajo realizado durante su etapa en la Dirección General de Trabajo, una labor que, según ha apuntado, ha desempeñado de "la manera más honesta" y que no le hace "merecedor" de las imputaciones de la Justicia, ni tampoco del "atropello" de su derecho constitucional a la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación.

Ha indicado que desde que entró en abril de 2010 a formar parte del equipo de exconsejero de Empleo Manuel Recio lo hizo con el "firme compromiso" de contribuir al mantenimiento del empleo y la actividad productiva en Andalucía, así como también de colaborar en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores expulsados del mercado laboral. "En estos dos años he intentado y conseguido introducir mejoras en los procedimientos de ayudas y también he colaborado con la Justicia", ha apostillado.

Tras insistir en que realizó todas sus actuaciones "con respeto a la más estricta legalidad" y que "jamás" conoció o cometió un acto ilegal, ha manifestado que siempre ha colaborado con la Justicia "con prontitud y diligencia", poniendo a su disposición toda la documentación que se le requería, "incluso con anticipo a dichas peticiones". Ha dicho esperar que "cuanto antes" acabe este proceso judicial para que la Administración y las personas "injustamente" imputadas puedan "recuperar su lugar" ante la sociedad andaluza.

Durante el turno de preguntas, tanto IULV-CA como PP-A han pedido explicaciones a Rivera por el hecho que declara ante la justicia que sus responsabilidades en el caso de los ERE eran "políticas". Aunque el exalto cargo no ha respondido en el momento en el que se le formulaban las preguntas, sí lo hizo en turno de intervención al final de la comisión. A este respecto dijo que dicha responsabilidad política está en "haber confiado en personas subordinadas a mi cargo que quebraron mi confianza y demostraron no merecerla".

"Entiendo que la responsabilidad política es consustancial a un político que está designado en un alto cargo", ha apuntado Rivera, quien, no obstante, se ha mostrado convencido de que las "acusaciones gratuitas" que se han vertido sobre su persona, "caerán por su propia naturaleza y por su propio peso", una vez que concluya la investigación judicial.

RECUERDA AL PP-A QUE TIENE UN ALCALDE "CONDENADO" Y EJERCIENDO

Si bien, justo en este punto, se ha dirigido a los diputados del PP presentes en la comisión para recordarles que tienen "algún alcalde entre sus filas que, no solo está acusado y condenado, sino que sigue ejerciendo como alcalde de un pueblo de Málaga", en clara alusión al alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Juan Martín Serón.

Ya en el turno de preguntas, iniciado por la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, ésta le ha cuestionado sobre si Recio le dio instrucciones para que no concediera más ayudas salvo la ordenadas por el exviceconsejero Justo Mañas; si ello significaba que se estaban eliminando "ciertos poderes" de anteriores directores; si Recio desautorizaba el procedimiento utilizado para la concesión de ayudas; si contribuyó en la destrucción de expedientes; o cuándo se dieron cuenta de que se habían cobrado comisiones.

Por su parte, la portavoz del PSOE-A, Antonio Moro, al igual que en el resto de comparecencias en las que los imputados se han acogido a su derecho a no declarar, ha indicado que su formación respeta tal derecho y que, por ello, entrega por escrito a la Presidencia de la comisión para que conste en acta un listado con las preguntas para Rivera, siendo en este caso un total de 19.

En su turno de intervención, el portavoz del PP-A, Rafael Carmona, ha indicado que a su formación le hubiera gustado que la comparecencia de Rivera hubiera estado acompañada de respuestas a las preguntas, al tratarse de una persona "que fue alto cargo hasta ayer y que sabe mucho de lo que ha pasado". Por ello, le ha pedido que dé a la comisión de investigación el valor que tiene y responda a sus preguntas.

Entre algunas de las cuestiones formuladas por el PP-A, se encuentran si la defensa de Rivera la paga la Junta; si se arrepiente de no haber cambiado el sistema de concesión de ayudas; si reconstruyó expedientes de la etapa del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; por qué no inicia los expedientes de reintegro sobre ayudas fraudulentas; le dieron instrucciones de no hacerlo desde el PSOE-A; o por qué siguió ordenado pagos después del informe de la Intervención que advertía de "irregularidades" en el procedimiento.

RIVERA CALIFICA COMO "INTERROGATORIO" LAS PREGUNTAS DE LOS GRUPOS

En su última intervención, Rivera ha tildado de "interrogatorio" las preguntas formuladas por ambas formaciones, considerando "difamantes" algunas de ellas, y ha indicado que muchas de las cuestiones ya han sido respondidas ante la Justicia, por lo que habría una "exacerbación del principio acusatorio", algo que, en su opinión, es "absolutamente rechazable". También ha criticado que no se haya tomado en consideración el informe de gestión que aportó al juzgado, donde se estable toda la dinámica desde que se le designó hasta su cese.

"Si ha habido revisiones de oficio o investigaciones sobre irregularidades sobre personas presuntamente intrusas, ha sido gracias al inicio de procedimientos por mi parte", ha subrayado Rivera, quien también ha querido dejar claro que no ha existido ningún "intruso" que haya sido descubierto por la policía judicial, sino que todos han sido descubiertos por la Consejería de Empleo. "Y si no, demuestrenme lo contrario", ha concluido el exdirector general de Trabajo.

Finalmente, la comisión ha concluido con un rifirrafe entre los portavoces de PP-A, PSOE-A y el presidente de la comisión, después de que la portavoz socialista pidiera el uso de la palabra para demandar una reunión "urgente" de la comisión para abordar el hecho de que el Gobierno de la Nación no haya enviado el expediente de la Faja Pirítica de Huelva.

El portavoz del PP-A ha criticado que esta cuestión no se demande en una reunión interna de la comisión y no en el marco de una comparecencia. Si bien, ha dicho no tener "inconveniente" a su celebración. Si bien, García ha anunciado que dicha reunión se celebraría y que "por tercera vez" ha solicitado al Gobierno de la Nación la remisión del expediente.