La AN condiciona la entrega a EEUU de una acusada de ordenar matar a su marido a que no sea condenada a pena de muerte

La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Estados Unidos a una mujer estadounidense acusada de contratar a un sicario por tres millones de dólares para que asesinara a su marido. Eso sí, ha condicionado la entrega a que garantice que no será condenada a la pena de muerte ni a la cadena perpetua de por vida.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha dado el visto bueno a la solicitud de extradición interesada por las autoridades estadounidenses de Aurea Vázquez, detenida el pasado junio en España, para ser enjuiciada por delitos de conspiración para el asesinato y asesinato a sueldo. Unos cargos castigados con la pena capital y la cadena perpetua y que en España llevan aparejada una pena de 15 a 20 años de cárcel.

El tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, pide que Estados Unidos garantice en el plazo de 40 días que no imponga la pena de muerte y que la pena privativa de libertad no sea "de por vida" al contemplar su ordenamiento jurídico la revisión de la pena y la aplicación de "medidas de clemencia".

Los defensa de la acusada había expuesto que penas de esta naturaleza contravienen "frontalmente" el espíritu de la Constitución y el resto de leyes españolas, así como los acuerdos internacionales de garantía de los derechos humanos, contra torturas y tratos inhumanos o degradantes firmados por España.

DECISIÓN RECURRIBLE

El tribunal recuerda que su resolución se puede recurrir en tres días ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que, en cualquier caso, la "última decisión" corresponde al Gobierno.

Los hechos objeto de investigación se remontan a septiembre de 2005 cuando la mujer entregó un cheque a un sicario para que comprara el arma con la que asesinar a su marido, un empresario canadiense, a cambio de tres millones de dólares.

A finales de mes, la acusada invitó a cenar a su marido a un restaurante de San Juan (Puerto Rico), mientras informó a su cómplice del lugar donde se encontraban para que le asesinara.

Esa noche, el sicario se trasladó a los alrededores del restaurante y cuando salieron asestó varias puñaladas al empresario y golpeó en la cabeza a su mujer para "dar verosimilitud al móvil del robo y ocultar el plan del asesinato", según consta en la solicitud de extradición.

Entre las pruebas valoradas por Estados Unidos, se encuentra el testimonio del sicario, que se declaró culpable y aceptó colaborar en el esclarecimiento de los hechos.