ANC garantiza la seguridad jurídica del proceso soberanista y que el empresariado no lo teme

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha asegurado este jueves que se trabajará para garantizar la seguridad jurídica en el proceso de creación de un Estado catalán, y ha aseverado que el empresariado no teme este proceso.

"El empresario no tiene miedo al cambio, ya que sabe encontrar oportunidades en una realidad permanentemente cambiante. El empresario puede estar de acuerdo o no con el proceso independentista, pero afirmar que le tiene miedo es falta de rigor", ha dicho al presentar el informe 'El impacto de la independencia en la empresa' en el Colegio de Periodistas de Cataluña.

Sànchez ha contestado así a la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, que ha pedido a los empresarios catalanes que convenzan al presidente de la Generalitat y de CiU, Artur Mas, de no celebrar las elecciones anticipadas del 27 de septiembre.

"Después del 24 de mayo --elecciones--, si alguien tiene miedo es la persona que dice que los empresarios tienen miedo", según él, porque el horizonte que espera al PP no es el mejor posible, y ha añadido que el miedo está más presente en los actores políticos que van a la baja.

Ha llamado a no desaprovechar la oportunidad de la independencia, cuya incertidumbre ve menor que el elevado coste de seguir en España: "Quiero darles a los empresarios mi compromiso de que trabajaremos en este proceso que debe empezar el 27 de septiembre y que no tendrá retorno, pero se tiene que hacer bien".

"Garantizamos a todos los actores que habrá seguridad jurídica y reduciremos al mínimo la incertidumbre, pero seremos irreductibles en nuestro camino hacia la independencia", ha continuado Sànchez, acompañado por algunos economistas que han participado en el estudio, como David Ros, Jaume Terribas, Josep Maria Vázquez y Francesc Sánchez.

DEL BONO BASURA A 'A+'

El estudio afirma que una Catalunya independiente pasaría del bono basura (BB) a la calificación crediticia A+, cuatro puntos por encima del conjunto de España y dos del País Vasco y Navarra, situándose al nivel de Israel y Corea del Sur.

El informe constata boicot comercial a Catalunya, aunque su impacto en la economía catalana será transitorio, reducido y asumible: "El boicot no será, sino que ya se está produciendo, y la única manera de acabar con él es llegar a la independencia", según Vázquez, que cifra en un 1,5% del PIB el impacto máximo que podría alcanzar el boicot, frente al déficit fiscal del 8,5% de Catalunya en relación a España.

El documento también asegura que Catalunya, tras un proceso de transición, continuará en Europa y en el euro, porque "en interés de Catalunya y de la UE nadie implantará ningún arancel nuevo"; y prevé que la economía catalana garantizará las pensiones, el equilibrio de los servicios e invertir en infraestructuras.

Preguntado por qué pasaría con el Puerto de Barcelona y el Aeropuerto de El Prat, Sànchez ha señalado que permanecerán al lado de la legislación catalana una vez se produzca la "desconexión" de España y se haga la transición de la normativa española a la nueva del Estado catalán.