AUME pide reformar la Ley de Régimen Disciplinario para que una autoridad judicial independiente decida sobre militares

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reclamado este jueves una reforma de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas con el objetivo de erradicar el arresto y exigir que sea una autoridad judicial independiente quien decida sobre la privación de libertad de un militar.

La AUME ha anunciado que iniciará una campaña para reclamar la puesta en marcha de iniciativas parlamentarias en este sentido después de que el Tribunal Constitucional haya dictado una sentencia en la que ampara al delegado de la asociación en Murcia, José Salazar Pérez, sancionado con un mes y tres días de arresto, ya cumplidos, por hablar mal de una compañera en un correo electrónico.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha declarado nula ahora la sanción impuesta en julio de 2013 por el General Jefe del Mando Aéreo de Combate a este Subteniente del Ejército del Aire, destinado en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13 de Totana (Murcia) en el momento de los hechos, por una falta grave cometida tras aseverar en un correo electrónico que a la delegada de asuntos femeninos de la asociación en dicha provincia le estaban "complicando la vida por su labor asociativa".

En su sentencia del pasado 24 de abril, el Tribunal Constitucional señala que estas palabras entran dentro del derecho a la libertad de expresión y ampara así a Salazar en su recurso a la decisión del Tribunal Supremo dictada en 2015 que ratificaba dicha sanción.

El militar envió un e-mail, a través del correo interno del Ministerio de Defensa el 5 de febrero de 2013, convocando a una reunión en la que entre otros asuntos querían dar "el apoyo solidario a la delegada para asuntos femeninos a la que están complicando la vida por su labor asociativa". La delegada de esa materia en Murcia, María Teresa Franco Martínez, era Cabo del Ejército y había sido sancionada cuatro veces en un año, aunque ninguna de las sanciones tenía relación con actividades de la asociación.

Según el Tribunal Constitucional, el delegado de AUME en Murcia actuó amparado por el derecho a la libertad de expresión y considera que la frase aludida en el correo electrónico "no transmite inexorablemente la idea" de que la delegada para asuntos femeninos "fue sancionada en varias ocasiones por haber desempeñado" esa actividad asociativa.

"Dada la brevedad de su extensión y la ambigüedad de los términos de la frase sujeta a escrutinio también cabe entender que, mediante el referido mensaje, el demandante se limitó a comunicar que la actividad desarrollada por la delegada para asuntos femeninos provocó reacciones adversas en contra de ella, sin mayor especificación", recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, el alto tribunal no entra a valorar la veracidad o no de tal afirmación, que encuadra en un juicio de valor y valora "la evidente vocación a la solidaridad para con dos miembros de la AUME" que recoge la expresión aludida.

En opinión de la Asociación Unificada de Militares Españoles, esta sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado en evidencia la falta de independencia de la jurisdicción militar, a la que acusa además de sostener criterios de interpretación de derechos fundamentales y de disciplina alejados de la realidad social.

"La sentencia del Tribunal Constitucional va a marcar sin duda una interpretación del derecho fundamental a la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en relación con el ejercicio del derecho fundamental de asociación profesional, novedosa y con relevancia a futuro", ha destacado AUME en un comunicado.