Abogado del exdirector de Presupuestos vislumbra "instrucción paralela" de la Guardia Civil en el caso ERE

El abogado del exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera ha criticado este martes la posible existencia de una "instrucción paralela" llevada a cabo por la Guardia Civil en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

En declaraciones a los periodistas después de que su cliente se haya acogido a su derecho constitucional a no declarar, el letrado José María Mohedano ha relatado que Buenaventura Aguilera ya declaró como testigo en este mismo caso ante los agentes del Instituto Armado el 29 de agosto de 2012, pero, "por lo que ha dicho, parece" que la instructora "no conoce" esta actuación a pesar de que "la soberanía en este caso la tiene que tener ella". Están ocurriendo "cosas gravísimas", ha alertado.

En este sentido, el abogado ha explicado que, durante la comparecencia, ha solicitado a la juez que dicha declaración "no tenga validez" y, en consecuencia, "se anule" y no forme parte del procedimiento, ya que, mientras que ante la Guardia Civil "declaró como testigo, sin asistencia de abogado y con obligación de decir la verdad", ante la magistrada "ha comparecido como imputado, asistido de abogado y sin obligación de decir la verdad".

"Hay una clara contradicción", ha aseverado Mohedano, quien ha criticado que la juez "no se haya pronunciado" sobre esta petición para anular la declaración de su testigo ante la Guardia Civil. "Ha sido el día del no pronunciamiento judicial", ya que "tampoco se ha pronunciado sobre la petición de suspensión ni sobre la solicitud para que la comparecencia fuera grabada".

De igual modo, el abogado ha informado de que ni su cliente ni él han firmado el acta de la declaración, pues la juez Alaya "se ha negado a hacer constar el motivo final" por el que Aguilera no ha declarado, como es que "ha pedido un receso de 30 minutos para poder estudiar las imputaciones" conocidas este mismo martes, a lo que la magistrada "se ha negado", todo lo cual "no consta en el acta" porque ella "no ha querido".

"COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA"

El acta "no es fiel reflejo de lo que Buenaventura Aguilera ha declarado", ha aseverado José María Mohedano, que ha destacado, frente a ello, el "gran afán de colaboración con la Justicia" de su cliente, quien no sólo declaró como testigo ante la Guardia Civil sino que también ha aportado a la causa un informe sobre las modificaciones presupuestarias.

El abogado, que considera que la juez "ha vulnerado el derecho constitucional a la defensa y a la asistencia letrada", ha considerado igualmente "asombroso" lo que ha ocurrido en la comparecencia de medidas cautelares celebrada al finalizar la comparecencia, cuando únicamente las acusaciones ejercidas por PP y Manos Limpias han pedido la imposición a su patrocinado de una fianza de responsabilidad civil --en el caso de la primera, ha pedido lo que la juez estime conveniente, mientras que el sindicato ha solicitado 20 millones de euros más el tercio legal previsto--.

Mohedano ha dicho que las acusaciones populares "no están legitimadas" por la ley ni por el Tribunal Supremo para solicitar responsabilidades civiles, pero Alaya, "ilegalmente, le has dado legitimación para pedir responsabilidades civiles", por lo que si la magistrada "adopta las medidas civiles en la línea de lo que han pedido estas dos partes, esta decisión estará contaminada" por lo solicitado por dichas acusaciones.

Por último, el también abogado del exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano ha anunciado que, por este motivo, recurrirá el auto donde la juez ha impuesto una fianza civil de 46,6 millones a Lozano, mientras que también recurrirá ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto donde la juez da marcha atrás y permite que dos exaltos cargos de la Junta puedan estar defendidos por un mismo abogado.

A su juicio, este último auto contiene algunas "ilegalidades", como por ejemplo "conminarnos a que desistamos de recurrir", lo cual "es inaceptable".