El Abogado del Estado considera acreditada la "malversación" en el 1-O con el uso de "partidas presupuestarias ocultas"

El Abogado del Estado considera acreditado el delito de "malversación de fondos públicos" por parte de la Generalitat de Cataluña durante el referéndum ilegal de independencia celebrado el pasado 1 de octubre. Lo expone así en un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que considera "obvio" que se usaron "partidas presupuestarias ocultas".

La Abogacía expone estos argumentos para rechazar la petición del exjuez y exsenador Santiago Vidal, quien solicita el sobreseimiento parcial y libre de este investigado en la causa.

La querella contra Santiago Vidal se interpuso a raíz de las afirmaciones realizadas por el en ese momento senador de ERC en conferencias públicas en las que afirmaba que, de cara a la independencia de Cataluña, disponían de: los datos fiscales de todos los catalanes; de una partida de 400 millones "debidamente camuflados" para celebrar el referéndum y crear 19 estructuras de Estado; de un equipo de trabajo en el ámbito fiscal conocido con el nombre de colectivo Wilson; que un gobierno extranjero no europeo estaba formando a una unidad de los Mossos en tácticas de contraespionaje o que se había creado un sistema informático para recaudar todos los impuestos.

Después, en su declaración ante el juez, Santiago Vidal dijo que sus manifestaciones eran una "elucubración" de lo que él pensaba que se podría o debería hacer; que no se correspondía con la realidad y que, en cualquier caso, expresaban actuaciones que él no tenía capacidad para efectuar.

Sin embargo, según el escrito del Servicio Jurídico del Estado, en esas declaraciones se describía lo efectuado, expresado con la convicción y precisión propia de quien conoce de primera mano los hechos por haber participado en ellos.

El Abogado del Estado considera que la veracidad de las declaraciones de Santiago Vidal y su implicación en los hechos viene corroborada por que finalmente se ha demostrado que los hechos eran ciertos y se han producido "tal y como él los describió".

Por ello, insiste en que siga como investigado en la causa y precisa que los delitos por los que se le acusa han quedado acreditados. Así, cree que el delito de malversación se ha producido, ya que considera "acreditado" que se usaron "irregularmente fondos públicos para promover y organizar el ilegal referéndum".

LA INTERVENTORA INSISTE: NO LE CONSTA USO DE FONDOS PÚBLICOS

En su escrito precisa: "es obvio que las partidas presupuestarias se hallaban ocultas, como lo demuestra el hecho de que aún hoy la interventora general de la Generalitat siga afirmando en las contestaciones a los requerimientos que no le consta que se hayan utilizado fondos públicos en la promoción y organización del referéndum y el hecho de que sea necesaria la instrucción judicial para acreditarlo".

También ve acreditado el delito de revelación de secretos, ya que se usaron "los datos fiscales de los catalanes" para organizar el referéndum ilegal de independencia con la formación del censo electoral, el nombramiento de los miembros de las Mesas, para remitir documentación electoral y ofrecer una web para conocer la mesa de cada elector introduciendo su DNI.

Además, insiste en que se mantienen los delitos de prevaricación y desobediencia puesto que se acabaron dictando los actos administrativos y otras actuaciones precisas para celebrar el referéndum prohibido por la Ley y las resoluciones de los tribunales.

En opinión del Abogado del Estado, todos estos delitos sirvieron de medio para la comisión de los de rebelión o sedición y considera que el referéndum era la "excusa jurídica que trataba de dar apariencia de legalidad a la secesión de la comunidad autónoma sin previa reforma constitucional".