Aceptan 21 años por el motín con rehenes de 2007 en la cárcel valenciana de Picassent

El juicio celebrado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia se ha resuelto con la conformidad de las partes, después de que los procesados hayan reconocido los hechos ante el tribunal y tanto fiscal como acusación particular hayan rebajado sus peticiones de pena.

El Ministerio Público solicitaba para los acusados 184 años de cárcel, 46 para cada uno, mientras que la acusación particular, ejercida por el sindicato de prisiones Acaip en representación de los funcionarios secuestrados, elevaba la petición a 308 años, 77 para cada amotinado, por "vejar, maltratar y agredir de forma salvaje" a los retenidos.

Finalmente, se ha imputado a los procesados cuatro delitos de detención ilegal, tres de lesiones y uno continuado de atentado, además de dos faltas de malos tratos y tres de amenazas.

Por estos hechos, deberán también indemnizar a un recluso del centro penitenciario con 90 euros por las lesiones sufridas durante el motín y con otros 2.000 a otro por daños morales.

No ha habido conformidad respecto a la indemnización que los acusados, con responsabilidad subsidiaria del Estado, deberían pagar a las víctimas.

Mientras que el fiscal y la acusación particular fijan indemnizaciones de 33.800 y 41.690 euros, respectivamente, el abogado del Estado defiende que se le debe absolver de esta responsabilidad.

Los primeros sostienen que la ausencia de vigilancia propició unos actos en los que los internos portaban unos "pinchos que estaban dentro de la cárcel, cuyo responsable es el Estado, no los funcionarios", mientras que el representante del Estado insiste en que los medios de vigilancia sí "existían".

Al finalizar la vista, dos de los internos, escoltados por diez agentes de policía, han afirmado que el día del motín "había un pincho" pero que las "navajas, cuchillos y móviles" que tenían "eran de los funcionarios".

Los otros dos han denunciado "trato vejatorio y degradante y abuso de superioridad" de los funcionarios: "nos tenían encerrados en un patio interior de ocho metros cuadrados, lloviendo y todo. Teníamos que mear en las esquinas. Allí hubo cosas para que pasara eso y más. Hay funcionarios que están en esta sala que saben que tienen que pagarlas todavía", ha dicho uno, amenazante, girando la mirada hacia el público.

El sindicato Acaip ha manifestado luego que estudiará si procede presentar una denuncia por amenazas.

El juicio por el motín, que ha quedado visto para sentencia, ha tenido lugar más de tres años después de que, en 2007, los internos Manuel C.G., Ernesto C.G., Francisco José S.B. y Pedro Antonio M.R. retuvieran durante doce horas a tres funcionarios, que finalmente fueron liberados.

La revuelta comenzó sobre las 18.00 horas en el módulo de presos conflictivos con el secuestro de tres funcionarios, a quienes los reclusos amenazaron con objetos punzantes y "pinchos", y poco después comenzó un proceso negociador en el que participaron una unidad especializada de la Guardia Civil y los propios funcionarios retenidos.

La situación se dio por controlada a las diez de la noche y, de forma gradual, fueron liberando uno a uno a los rehenes, hasta que a las seis de la mañana salió el último.

Uno de los funcionarios sufrió heridas incisas en cuello y región frontal, fractura de dos costillas y síndrome de estrés postraumático con tratamiento psiquiátrico que persiste en la actualidad, y otro tiene síndrome ansioso-depresivo, con tratamiento psicológico, y numerosas contusiones.

El tercero sufrió una rotura de menisco externo y varias contusiones.