Acuerdo unánime en CyL para exigir la modificación de la Reforma Local y rechazar la supresión forzosa de municipios

El acuerdo se cerró en torno a una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que fue enmendada por el PP y acabó en acuerdo dado que las posiciones en contra de determinados aspectos de la Reforma Local han sido coincidentes.

Así, el procurador socialista Francisco Ramos ha destacado que el anteproyecto presentado por el Gobierno central pone en "jaque" los fundamentos del municipalismo. "Ni la participación ciudadana, ni la calidad del espacio público local, ni la ciudadanía con sus necesidades y aspiraciones se citan siquiera en este anteproyecto que limita las competencias locales hasta ahogar la estructura de servicios", ha insistido.

Para el procurador socialista, con la reforma sugerida por el Ejecutivo "miles" de alcaldes y sus equipos elegidos por los vecinos en las urnas "ya no serían responsables de tomar las decisiones y gestionar los servicios" a pesar de ser los artífices de la "transformación y modernización" de España.

Ante esta situación, para el Grupo Socialista, la propuesta del Gobierno de "intervenir y vaciar de competencias" a los ayuntamientos, "limita" el espacio político" de la administración "más cercana", así como su capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades. "Hace más frágil nuestra democracia", ha aseverado, tras lo que ha defendido que el mundo local "necesita competencias bien definidas y financiación suficiente".

Tras escuchar la intervención de Francisco Ramos el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Sanz Vitorio, ha recordado que el PP coincide con los principios que rigen el anteproyecto estatal, aunque, como ha señalado, el objetivo "debe ser garantizar que las entidades locales estén en condiciones de asumir las competencias que tienen encomendadas por Ley".

"La alternativa no puede ser en ningún caso el vaciamiento competencial de nuestros ayuntamientos independientemente de su tamaño", ha defendido, tras lo que ha exigido la introducción de mecanismos que permitan que esto sea así.

Para Sanz Vitorio si la alternativa es el vaciamiento de competencias lo que se hará será encomendar a las diputaciones a unas competencias y un contenido que "nunca tuvieron", además se chocaría "frontalmente" con la autonomía local. "Un ataque poco deseable a las bondades de las políticas de proximidad", ha aseverado.

Tras recordar que uno de cada cuatro municipios de España está en Castilla y León, el viceportavoz 'popular' ha defendido que la Comunidad necesita un tratamiento específico. "No entiendo que ningún municipalista pueda defender el vaciamiento competencial", ha concluido.

El procurador de UPL, Alejandro Valderas ha argumentado el voto a favor del Grupo Mixto en esta PNL, y ha destacado la importancia de defender en este sentido cuestiones "coincidentes y lógicas" y que además defiende la postura de "alcaldes y pedáneos".

LA PROPUESTA

Además de solicitar al Gobierno la retirada del anteproyecto para consensuar un nuevo texto con los grupos parlamentarios y la FEMP, así como con las comunidades autónomas que ejercen competencias en la materia y en algunos casos, como el de Castilla y León, garantizan en sus estatutos la autonomía local.

Entre otros aspectos, la PNL defiende un tratamiento específico y diferenciado para Castilla y León, que se respete la competencia estatutaria en materia de régimen local, que se tengan en cuenta en la reforma los principios de subsidiariedad, proximidad, calidad y equidad, la preservación de la autonomía local y el mantenimiento de la cláusula general de competencias.

Asimismo, se solicita que la reforma garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la eliminación del denominado 'coste estándar', la potenciación de la asociación voluntaria de municipios y la no supresión ni intervención de municipios.

Por último, los tres grupos piden que se establezcan garantías para los empleados públicos que puedan verse afectados por la reforma, la continuidad de los servicios públicos locales, mantener la titularidad y el uso público del patrimonio propio y comunal que administran las entidades locales y reconocer el papel de los ayuntamientos a favor de "la igualdad de oportunidades, la democracia, la cohesión social y el mantenimiento del territorio para toda la sociedad".