Acusaciones en el caso 'Malaya' concretan este martes los delitos y penas definitivas solicitadas para los acusados

Según han explicado fuentes judiciales, en este trámite de conclusiones, tanto la Fiscalía Anticorrupción, representada en este caso por el fiscal Juan Carlos López Caballero, como las acusaciones particulares, en representación del Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía, expondrán las modificaciones a sus escritos de acusación iniciales o los elevarán a definitivos.

Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción pide para el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, la pena de 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que éste es el "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.

En esta causa hay 17 exconcejales acusados por supuestamente cobrar sobornos, entre ellos la que fuera alcaldesa Marisol Yagüe, para la que el fiscal pide provisionalmente la pena de 20 años de cárcel; el exregidor marbellí Julián Muñoz, para el que solicita 10 años de prisión; y la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, para la que pide 12 años de prisión.

También está procesado el que fuera teniente de alcalde Pedro Román, en relación con la operación denominada Crucero Banús, para el que el ministerio fiscal solicita 18 años de prisión y multa de 12 millones de euros, el exsecretario municipal y el que fuera jefe de la Policía Local. Asimismo, están acusadas la mujer de Roca, para la que se pide tres años de cárcel, la hija de éste y el cuñado.

Además, hay acusados una treintena de empresarios por, supuestamente, pagar por resoluciones urbanísticas, como José Ávila Rojas, para el que el fiscal solicita 10 años de cárcel; Rafael Gómez 'Sandokán', para el que se pide 18 meses de prisión; o Tomás Olivo, para el que la acusación pública solicita una condena por cinco años de cárcel.

Fidel San Román, Carlos Sánchez, Andrés Liétor y los responsables de Aifos son otros de los empresarios relacionados con la construcción acusados por esta presunta trama junto a personas que supuestamente actuaron como testaferros o crearon el entramado societario para Roca, como la abogada Montserrat Corulla o Manuel Sánchez Zubizarreta.

Roca ha admitido haber recibido dinero de constructores, pero por asesorarles en convenios o negocios en común, y no por resoluciones favorables; y también reconoció haber dado dinero a los portavoces de los tres grupos políticos que formaban el equipo de gobierno --GIL, PSOE y PA--, por orden del exalcalde Jesús Gil y con el fin de mantener la cohesión y la unión del Ejecutivo local.

La mayoría de los empresarios han negado pagar a Roca, admitiendo sólo en algunos casos y algunos de los procesados haber mantenido negocios en común con el principal acusado; mientras que los que fueron miembros del equipo de gobierno también han rechazado que éste les diera dinero por ningún motivo. Hay tres acusados que llegaron a un acuerdo con el fiscal, reconociendo los hechos.