Administradores de sociedades de Roca acusados dicen que no sabían que las empresas fueran de él

Acusados en el caso 'Malaya', que fueron administradores de sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, han declarado este lunes que no sabían que las entidades fueran de él y que ellos se limitaban a firmar y a ser meros administradores formales, no gestores. Otro de los procesados, que facilitó dos entidades a Roca, ha indicado que éste tenía "fondos propios totalmente legales".

Así, uno de los acusados que ha comparecido en el juicio en una nueva parte del bloque sobre blanqueo de capitales, Julián José Fernández, que fue administrativo de una sociedad y administrador de otras dos, ha indicado que nunca supo quienes eran los dueños o socios de la sociedad en la que trabajó "ni lo pregunté, porque no creo que corresponda a un empleado preguntarlo", aunque sí ha reconocido que tuvo contacto con Roca.

Ha explicado que una persona le dijo que acudiese a Roca para que le diese trabajo. Luego, ha precisado que fue la asesora jurídica municipal María Castañón quien le habló a esa persona de Roca. Ha apuntado que tuvo con el principal acusado un encuentro en la sede de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y que le dijo que fuera a ver al acusado Óscar Benavente, que fue "el que me contrata y el que era mi jefe" en Marqués de Velilla, asegurando desconocer la relación entre ambos.

Posteriormente, fue administrador de dos sociedades, indicando que entonces no le pareció extraño que su jefe le propusiera este puesto, "incluso lo vi como una muestra de confianza", ni tampoco la posible relación entre lo público y lo privado, aunque en este sentido se ha preguntado que si le hubiese parecido raro "qué tenía que haber hecho, me fui y me fui al paro". En cualquier caso, ha negado que él preparara documentos o gestionara esas dos sociedades.

Por su parte, el acusado Santiago Tato, que facilitó estas dos empresas a Roca y actuó como administrador de ambas, ha indicado que él cobraba por ser el asesor fiscal de sociedades y que el ser administrador fue "casi un favor personal al señor Roca", que era, según ha dicho, quien tomaba las decisiones en las operaciones que se hicieron a través de estas entidades, Inversiones 100 y Explotaciones 100.

Este procesado, que realizó declaraciones de la renta de Roca, ha considerado que éste tenía "capacidad económica" y disponibilidad de dinero "para prestarle a sociedades", ya que parte procedía de su sueldo y, además, disponía "de fondos propios que los tenía en bancos y en negocios perfectamente legales". Ha apuntado que casi todas las operaciones fueron inscritas en el Registro y que las iniciales de Roca constaban en los libros en cuanto a los préstamos.

Por su parte, otros tres acusados, como son Carlos García Puente, Juan Bautista Toledano y Rodrigo Hernando, han negado, también, que supieran que Roca era el verdadero titular de las sociedades en las que fueron administradores, incluso dos de ellos han indicado que no conocían al presunto cerebro de la trama, sino que accedieron a estos puestos por amistad personal con algunos de los miembros del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor.

Así, el primero ha apuntado que no realizó operaciones con el principal acusado y que intervino por una empresa de otros dos procesados, los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor; el segundo, ha dicho que sabía que el gabinete gestionaba sociedades para sus clientes, pero que nunca supo de los socios; y el tercero que creía que los dueños de Condeor eran, precisamente, los miembros del bufete de abogados.