El "Alakrana" sufrió daños superiores a los 500.000 euros, según su armador

Fuentes jurídicas han informado de que Pedraz, dentro de la causa principal que investiga el secuestro del pesquero, ha ofrecido a Etxebarría personarse como acusación particular, tal y como hizo el pasado mes de noviembre en Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra), donde tomó declaración a los dieciséis marineros españoles -ocho vascos y ocho gallegos-.

Las fuentes consultadas han insistido en que la pieza separada que abrió el magistrado a instancias de la Fiscalía para investigar el pago del rescate del pesquero, liberado el pasado 17 de noviembre, permanece secreta.

Sin embargo, estas mismas fuentes han indicado que el juez, al tratarse de una declaración genérica, ha preguntado al armador "de todo", incluido el pago por el rescate, cuya cantidad no ha trascendido.

Además, Etxebarría ha valorado en más de 500.000 euros los daños ocasionados por los piratas durante el secuestro, a lo que hay que sumarle las pérdidas ocasionadas por la falta de actividad pesquera durante esos 47 días.

En un principio estaba previsto que Etxebarría compareciera ante el magistrado la pasada semana, pero no pudo viajar desde Bilbao porque su vuelo se suspendió a causa de la ola de frío.

El juez le citó después de escuchar a sus compañeros, que relataron sus 47 días de cautiverio y denunciaron la situación que sufrían los ocupantes de otro barco retenido, el carguero griego "Ariana MV", que fue liberado posteriormente.

Todas estas diligencias se enmarcan dentro de la causa principal sobre el secuestro del "Alakrana" que instruye Pedraz, que unos días antes de desplazarse a Gernika y Vigo concluyó el sumario abierto contra los dos supuestos piratas detenidos, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, y lo envió a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, que aún no ha dictado la apertura de juicio oral.

Aunque en un principio estaba previsto que este trámite se produjera antes de las vacaciones de Navidad se ha retrasado debido a que los dos supuestos piratas renunciaron a sus letrados y la Audiencia Nacional tuvo que asignarles nuevos abogados de oficio y éstos instruirse sobre la causa.

Una vez que el tribunal de la sección cuarta de la Sala de lo Penal dicte la apertura de juicio oral, la Fiscalía deberá presentar su escrito de acusación, en el que solicitará penas que superarán los 200 años de cárcel para cada uno de ellos.