La juez Alaya continúa este viernes la ronda de declaraciones de los beneficiarios de falsas prejubilaciones

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a declarar este viernes día 9 de septiembre a otros dos beneficiarios de estas prejubilaciones supuestamente falsas.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputados este viernes día 9 de septiembre al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

EL "FONDO DE REPTILES"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya emitió un auto en el que citaba a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones. En concreto, el pasado mes de julio tomó declaración, en primer lugar, a los vecinos de Camas (Sevilla) Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto.

Este último, de hecho, dimitía como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado. Los tres primeros prejubilados, a los que la juez imputa sendos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en su condición de extraneus, se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a ratificar la declaración prestada en sede policial, donde dijeron que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ofreció a García Prieto unas "ayudas de supervivencia".

LOS PREJUBILADOS DE CAMAS

Posteriormente, fueron llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones, aunque ambos, siguiendo la línea marcada por los otros tres imputados, se negaron a declarar y ratificaron su declaración policial.

Tras Rosendo y Carrasco, la juez ha citado el 15 de septiembre a María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.

Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y "amigo" también del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla), y Antonio González Pérez.