La juez Alaya toma declaración como imputado este martes a un exdirector general de Presupuestos de la Junta

La declaración de Buenaventura Aguilera se producirá después de la que tuvo lugar el pasado jueves por parte del exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, quien tras responder a una decena de preguntas formuladas por la juez Mercedes Alaya se acogió a su derecho constitucional a no declarar al considerar que no se estaban respetando sus garantías, máxime después de que la instructora le acusara de estar haciendo "teatro".

En un auto dictado el pasado 28 de junio, consultado por Europa Press, la juez imputó a Buenaventura Aguilera junto a otros 19 exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, quien también ha sido citada a declarar para el próximo día 8 de octubre.

En dicho auto, la instructora señaló que Álvarez "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia".

MÁS DECLARACIONES

A continuación, la magistrada señala que durante la época de Magdalena Álvarez, concretamente entre 2000 y 2004, "se creó" en su Consejería la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente a la Secretaría referida Antonio Estepa y como director de Presupuestos el exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano.

A juicio de la juez, ambos "tendrían una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L", conocido como "fondo de reptiles".

Por todo ello, la instructora decidió imputar igualmente al "sucesor" en el cargo de Lozano, que no es otro que Buenaventura Aguilera.

Además de la declaración de Aguilera, la juez ha citado a declarar el día 3 de octubre al exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro, mientras que el día 11 del mismo mes comparecerán ante Alaya el exparlamentario socialista Ramón Díaz; la administradora mancomunada de Vitalia María Ascensión de la Cruz Antona; Beatriz Núñez Muñoz, administradora única en las cuentas de la empresa Atrado Mensajería entre 2003 y 2006, y María Luisa Rodríguez Márquez y Gemma Fátima Rodríguez Márquez, ambas pertenecientes al departamento de Planes de Vitalia.

CITA A DOS ALTOS CARGOS DE CCOO

Para el día 17 de octubre, la juez ha citado a otros cinco imputados, entre ellos el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y dos 'intrusos' en el ERE de Dhul S.L., como son Ángeles Sierra, cuñada del exsindicalista de UGT y 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y Carmelo Cruz.

Por último, el día 24 de octubre han sido citados a declarar seis imputados, como son el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; el empresario Jorge Andrés Morell y su hijo Luis Morell; el presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y el consejero delegado, Manuel Rafael Castilla.