Alaya imputa a 6 empresarios, entre ellos al padre de Báñez ya fallecido, en el caso Mercasevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, ha citado a declarar como imputados a seis empresarios cuyas sociedades realizaron ofertas en el concurso para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos, entre ellos a Eduardo Báñez González, fallecido hace 12 años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada habría citado a declarar al padre de la ministra por error tras coger los datos directamente del Registro Mercantil, donde aún figuraría Eduardo Báñez González como consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, por lo que en los próximos días deberá concretar a qué persona cita como imputada en calidad de "firmante" de la oferta presentada al concurso por Juan de Robles.

En un auto conocido este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita a declarar el próximo viernes tanto a Báñez como a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

También han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.

"POSIBLE CONCIERTO" ENTRE MERCASEVILLA Y SANDO

En el auto, la juez considera que, "de los indicios" expuestos a lo largo del procedimiento, "puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma".

A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, "constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes" en el concurso.

En el mismo auto, la juez reclama al Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el resultado de la investigación ordenada sobre el posible enriquecimiento ilícito del exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, también imputado en esta causa.

Estas citaciones se producen después de que, en febrero del presente año, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil elevara un atestado al Juzgado en el que advertía de la existencia de "vinculaciones" entre la mayoría de las ocho empresas que concurrieron al concurso público para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.

Fue el día 12 de junio de 2012 cuando la juez Mercedes Alaya requirió al Instituto Armado para que informara sobre las relaciones societarias entre las distintas empresas que participaron en el concurso público, ya que sospechaba que el concurso público estaba "predeterminado" para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a Sanma.

De otro lado, la juez ha citado para este jueves como imputado a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, y, en calidad de testigo, al presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos, José María Morillo.

LOS IMPUTADOS

Las declaraciones acordadas por el Juzgado se producen en virtud de la solicitud efectuada tanto por la Fiscalía como por Miguel Salas, abogado de la Asociación de Mayoristas de Frutas.

El letrado de los mayoristas de fruta, por cierto, manifiesta que dados los recientes pronunciamientos de tribunales sobre la personación como acusación en este tipo de procedimientos de "partes que a la postre tienen cierto vínculo con la parte imputada", solicitará que se reconsidere este extremo porque "tratándose de un delito eminentemente societario en el seno de Mercasevilla, la víctima es la propia Mercasevilla y los responsables civiles serían aquellas entidades para las que trabajaban o que nombraron a los principales imputados", en referencia al Ayuntamiento y Mercasa, socios mayoritarios de la lonja.

Hay que recordar que la última declaración relacionada con esta causa tuvo lugar en diciembre de 2011, cuando compareció ante la magistrada el exsecretario general del Ayuntamiento de Sevilla Venancio Gutiérrez Colomina.

En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, o el propio Castaño.