Los Albertos se vuelven a enfrentar mañana a sus socios en el juzgado por el 'caso Urbanor'

El Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid celebrará mañana una vista previa para fijar la fecha del juicio oral por la demanda presentada contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer por tres de sus antiguos socios en Urbanor que les reclaman 40 millones de euros de indemnización por la venta de los terrenos de Plaza de Castilla a KIO, según fuentes jurídicas.

Los demandantes, el arquitecto Pedro Sentieri y los socios Luis García Alarcón y Francisco Castelló, reclaman así por la vía civil una indemnización de 17 millones de euros de principal más unos 23 millones de intereses, después de haber agotado la vía penal.

Los minoritarios siguen defendiendo que existieron dos precios distintos en la venta de los terrenos propiedad de Urbanor a la empresa Koolmes (propiedad de KIO), gestionada por 'los Albertos', y que ellos percibieron un precio menor.

En concreto, los demandantes mantienen que recibieron un precio por metro cuadrado de unas 150.000 pesetas (901,5 euros), mientras que 'los Albertos' recibieron cerca de 230.000 pesetas (1.382,3 euros) por metro cuadrado. Por su parte, éstos mantienen que hubo un único precio por el 95% de la sociedad y que cada accionista cobró por el número de títulos que poseía.

En septiembre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid ya condenó a 'los Albertos' a indemnizar al constructor Julio San Martín y a su familia, los otros socios en Urbanor, con 10,8 millones de euros por su responsabilidad civil en el caso. La sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Esta resolución tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Supremo que daba vía libre a los accionistas minoritarios para exigir el pago de las indemnizaciones por la vía civil. La sentencia condenó Cortina y Alcocer a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa y falsedad documental en el 'caso Urbanor'.

Sin embargo, en febrero de 2008, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que revocó la condena al considerar que el delito estaba prescrito, aceptando parcialmente el recurso de amparo presentado por los empresarios.