Dos exalcaldes de Alicante irán a juicio por presuntas irregularidades en adjudicaciones del Plan de Ordenación Urbana

El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha abierto juicio oral a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP), y al empresario de la construcción Enrique Ortiz, entre otros acusados, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, una rama del caso Brugal cuya investigación arrancó en 2010.

En este caso, la exalcaldesa Castedo será juzgada por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario; cohecho y tráfico de influencias, al igual que su predecesor en el cargo, Díaz Alperi, mientras que el constructor se sentará en el banquillo por tráfico de influencias y cohecho ya que se le excluye de la acusación inicial de aprovechamiento de información privilegiada que había sido incluida en el auto de procesamiento, de acuerdo con una resolución anterior de la Audiencia Provincial y con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

En la causa también serán juzgadas seis personas más, entre ellas, los abogados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias continuado y cohecho, y el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, por corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

1,3 MILLONES DE GASTOS DEL PGOU

En la resolución, el magistrado acuerda formar pieza de responsabilidad civil, y requiere a Ortiz, Castedo, Alperi y tres acusados más que, como presuntos responsables civiles, presten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran declarar, y que el juzgado cifra en 1.339.249,20 euros, que es el importe que se señaló en la investigación por la representacióndel Ayuntamiento de Alicante como gastos que para las arcasmunicipales supuso la tramitación del PGOU.

Esta cantidad deberá hacerse efectiva en el plazo de una audiencia, según establece el auto, que determina que, en caso de que se no haga, se proceda al "embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades, si no prestaren la fianza fijada, o acreditándose su insolvencia".

10 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de calificación provisional solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 años y 24 respectivamente. Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, reclama ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación.

Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.

CONVERSACIONES GRABADAS

La causa arrancó en julio de 2010 como pieza separada del caso Brugal que investigaba el presunto amaño del tratamiento de residuos en la Vega Baja. De las conversaciones intervenidas por la Policía, se desgajó esta pieza relativa a la tramitación del Plan General de Alicante.

El magistrado instructor, Manrique Tejada, establecía la existencia de indicios de delito, para lo que se había tenido en cuenta tanto las conversaciones como las numerosas diligencias practicadas y la documentación existente. La causa fue enviada al TSJCV en 2012 por el aforamiento de Alperi y Castedo, como diputados autonómicos, y regresó a los juzgados de Instrucción de Alicante ante la pérdida de esa condición de ambos en 2014.

Este procedimiento se centra en la revisión del PGOU de la ciudad de Alicante y en cómo el Ayuntamiento gobernado por Alperi y Castedo instó a la Generalitat Valenciana a su "aprobación definitiva inmediata" y "sin más trámite". El magistrado considera que en este caso se quiso favorecer "de forma sustancial al principal investigado", el constructor Enrique Ortiz, que compró suelo a un precio con "recorrido" porque sabía que iría a un proceso urbanístico.

El empresario, "una vez obtenida la aprobación municipal", revendía participaciones a "la propia entidad bancaria" que financió la adquisición y "extrae así una importante plusvalía".

En relación con el cohecho, el magistrado se remitía al contenido de los informes policiales que recogen "distintas contraprestaciones" que van desde cenas en su barco; el viaje a Creta o una presunta entrega de dinero a Alperi, y el viaje a la nieve o el presunto regalo de un coche 'Mini' a Castedo.