Se reanuda este jueves en Almería el macrojuicio por narcotráfico contra 27 acusados, entre ellos guardias civiles

En esta segunda sesión está previsto que se cierren los acuerdos de conformidad alcanzados por una decena de los procesados con el Ministerio Público después de que la primera jornada sirviese para que las partes plantease las cuestiones previas y solicitasen la nulidad de las intervenciones telefónicas que constituyen una de las principales pruebas de cargo.

La mayor parte de los acusados que van a pactar con el fiscal son "farderos" y, por lo tanto, ostentan un papel secundario en la banda. También deberá resolver el tribunal por escrito sobre la nulidad de las escuchas si bien todo apunta a que se va a rechazar al ser una cuestión sobre la que ya se han pronunciado a lo largo del proceso.

Los guardias civiles, a los que se les pincharon los teléfonos, están acusados de prestar "cobertura de seguridad" a los alijos con datos sobre los medios personales y técnicos, así como de los movimientos de las patrulleras.

La banda, liderada por M.A., alias 'El Viejo' y dos ciudadanos marroquíes en busca y captura, y con ramificaciones en el extranjero, comenzó a operar a principios del 2009 con la planificaron de desembarcos de grandes cantidades de droga a través de barcos de recreo, lanchas rápidas y camiones de gran tonelaje.

Según recoge el fiscal, la Guardia Civil consiguió abortar dos operaciones de 3.546 y 3149 kilos de hachís aunque consta, por las intervenciones telefónicas, que intentaron la introducción de otras nueve toneladas que no pudieron alijar al no conseguir cobertura de seguridad en los puertos de Marruecos, Melilla y Almería.

El escrito de calificación apunta que M.A. era el "hombre de confianza" de la dirección y tenía, por tanto, la función de encontrar terceras personas residentes en la provincia y con contactos "en el mundo del narcotráfico" para conseguir los medios materiales y personales "necesarios" para la recepción, transporte y custodia del hachís, así como a los agentes de la Guardia Civil que, a cambio de precio, habrían de dar cobertura de seguridad.

Los dos acusados en busca y captura eran, a su vez, los encargados de dirigir y coordinar los actos "previos, coetáneos e inmediatamente posteriores" a la salida del hachís desde la costa marroquí. En el siguiente escalón de la estructura de la banda, los acusados de organizar individualmente cada una de las operaciones de narcotráfico mientras que, a continuación, estarían las personas contratadas para transportar y desembarcar los fardos, entre ellas los tres guardias civiles.

ALIJOS

Uno de los alijos fue interceptado el 20 de junio de 2009 en el puerto de Roquetas de Mar (Almería) cuando los procesados se disponían a transportar 80 fardos de hachís desde una embarcación hasta un camión que había sido sustraído unos días antes en El Ejido. En total, se aprehendieron más de 2,5 toneladas de hachís con un valor de 3,5 millones de euros.

Los cabecillas en esta actuación eran J.E.V.A., alias 'El Calvo' y B.T., alías 'El italiano', con antecedentes penales y residencia en Huelva, aunque también están procesados J.A.M; B.S.G.P. y J.D.B., quienes intermediaron con el propietario de la lancha, V.E.A., y se prestaron a ejecutar la recepción de la droga en alta mar para su posterior traslado, así como G.F.C.T., piloto de la nave, y A.A., quien ejercía funciones de guarda de la sustancia estupefaciente.

El escrito señala que, con anterioridad, la cúpula había decidido optar por utilizar una embarcación neumática de "alta velocidad", y había resuelto, para asegurarse el éxito, contar con cobertura de seguridad a cargo de "agentes corruptos" de Fuerzas de Seguridad del Estado. En este caso, fue B.T. junto a otros procesados identificados como J.F.M.R. --alias 'El Gordo'-- y G.A.U. --alias 'El gitano'-- el encargado de organizar la logística del cargamento, que debía entrar por el litoral del Levante almeriense.

GUARDIA CIVILES

En este punto, para "facilitar la operación", contactaron con M.C.C. y R.S.T., ambos agentes con destino en el Servicio Marítimo de Comandancia de Almería y con F.M.A., guardia civil en activo, sin destino, y detenido en Castellón por hechos similares, quienes se prestaron a colaborar a cambio de "la percepción de importantes cantidades de dinero que no han podido determinarse con exactitud", según remarca el Ministerio Público.

M.C.C. y R.S.T. se valieron, añade, de su destino y de su conocimiento de los turnos de guardia, el rumbo de las patrulleras de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, y de los medios técnicos que podían "obstaculizar o impedir" la llegada del alijo y, con estos, comunicaban estas contingencias a los organizadores y les indicaban presuntamente el día, la hora y el lugar "más propicio" para el desembarco.

El citado alijo, de 3,1 toneladas de hachís en 107 fardos, fue interceptado cuando estaba siendo desembarcado en la desembocadura del río Almanzora conocida como 'Playa Quitapellejos'. Ese día, ambos agentes prestaban servicio de la patrullera.

El fiscal recoge, de acuerdo a las escuchas telefónicas, que la dirección de la banda intentó introducir hachís en Marruecos por el puerto de Almería mediante la utilización de camiones de gran tonelaje en los que la droga debía de ir oculta entre mercancía lícita para pasar por la frontera de Melilla.

LENGUAJE "CRÍPTICO"

Para ejecutar este plan, el procesado J.E.V.A. contactó con F.J.M.R. y J.A.G. para que se encargasen de "contratar medios humanos, de conseguir el transporte y de garantizar la impunidad" de la operación. Todas las comunicaciones entre ellos se realizaron mediante el empleo de un lenguaje "críptico y convenido" en el que se referían a la droga como "flores". En, al menos, tres ocasiones a lo largo de 2009 lo intentaron con el hachís escondido, por ejemplo, entre pescado aunque se anularon bien por falta de cobertura de seguridad, bien por desacuerdos entre las partes o días festivos en Marruecos.

El escrito fiscal imputa asimismo a la compañera sentimental J.F.M.R. y a la esposa de M.A., ambos cabecillas, por presuntos delito de insolvencia punible ya que fueron utilizadas por sus parejas para ocultar supuestamente sus bienes ante las sospechas de una inmediata detención. Se enfrentan a penas de dos y un año de prisión. En la causa, que se sigue por delitos contra la salud pública, cohecho, y revelación de información reservada, los principales acusados enfrentan penas que oscilan entre los 21 años y los cinco años y tres meses de cárcel.

Para los grados intermedios solicita entre nueve y diez años y medio de prisión mientras que para los que participaron en los intentos de alijo pide 24 meses de cárcel. Los tres guardias civiles, a los que imputa dos delitos de cohecho y uno de revelación de información reservada, interesa penas que suman nueve años y seis meses de cárcel, así como el pago de sendas multas de 11 millones de euros. Solicita, asimismo, inhabilitación especial por 12 años.