Álvaro Álvarez y Alejandro Calvo, nombrados viceconsejeros del Gobierno asturiano

Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, el Gobierno ha aprobado además el nombramiento de 36 directores generales, y ha destacado que una amplia mayoría tiene formación universitaria. Sólo quedan pendientes de nombramiento en el Gobierno asturiano los responsables de la Dirección General de Política Lingüística, de la Dirección General de Patrimonio, del Instituto Adolfo Posada, y de la Intervención General.

Según la información proporcionada por el Principado, Álvaro Álvarez fue concejal del Ayuntamiento de Avilés de 1981 a 1999, tiempo durante el que gestionó las áreas de Hacienda, Personal y Urbanismo. Desde 1999 hasta 2012 fue diputado en la Junta General del Principado, donde ejerció de portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista.

Durante las tres últimas legislaturas ha actuado como portavoz en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y ha sido ponente de las leyes de Presupuestos del Principado desde 2003 a 2012 y del Suelo y Ordenación Urbanística, en 2002. También ha sido vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés en representación del Gobierno del Principado.

Por su parte, Alejandro Calvo es ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela. Tras ejercer como director de Política Forestal del Principado, formó parte del gabinete de la Consejería de Cultura del Principado.

En 2009 asumió la gerencia de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias (Recrea), cargo que ejercía en la actualidad.

Además de los dos viceconsejeros, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el nombramiento de 34 de los 36 directores generales que conforman la estructura. Todos ellos, según Martínez, "aúnan preparación, amplia experiencia profesional en el sector privado o en el servicio público, solvencia en la gestión y compromiso político". Muchos de ellos ya han tenido competencias, tanto en administraciones autonómicas como locales.

Los nombramientos son los de Carmen Sanjurjo (Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud), Begoña Serrano (Emigración), José Luis Villaverde (Justicia e Interior), Francisco José Balmori (Administración Local), José María González (Función Pública), Francisco José Sánchez Fernández (Presupuestos y Sector Público), Raquel Pereira (Finanzas y Hacienda), Gonzalo Pescador (Economía e Innovación), Isaac Pola (Minería y Energía), Julio Manuel González (Comercio y Turismo), Antonio González (Trabajo), Luis Ángel Colunga (Industria), Ángel Luis Cabal Cifuentes (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Miriam Hernández (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales).

Completan la lista de nombramientos José Adolfo Rodríguez (Patrimonio Cultural), José Ramón Tuero (Deportes), José Antonio Fernández Espina (Personal Docente y Planificación Educativa), Sara Álvarez Morán (FP,Desarrollo Curricular e Innovación Educativa), Miriam Cueto (Universidades e Investigación), Clara Costales (Dependencia), Jacinto Braña (Políticas Sociales), Ana Rivas (Vivienda), Graciela Blanco (Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo), Julio Bruno Bárcena (Salud Pública), Ana Celia Tuero (Asistencia Sanitaria), Enrique González (Innovación Sanitaria), Celia Gómez (Sespa), Juan José Fernández (Infraestructuras), Manuel Caldevilla (Transportes y Movilidad), José Manuel Fernández (Ordenación del Territorio y Urbanismo), Manuel Gutiérrez (Calidad Ambiental), Paz Orviz (Sostenibilidad y Cambio Climático), María Rosa Urdiales (Ganadería), Tomasa Arce (Desarrollo Rural y Agroalimentación), José Antonio Ferrera (Política Forestal), María Serafina Álvarez (Recursos Naturales) y Alberto Vizcaíno (Pesca Marítima).

PROVEEDORES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los últimos trámites para que 824 empresas proveedoras de los diferentes servicios de la Administración autonómica empiecen a cobrar en las próximas semanas las facturas adeudadas hasta el pasado 31 de diciembre, con un coste global de 243,4 millones de euros.

Este paso se produce cinco días después de que la Junta General del Principado aprobara el proyecto de ley de endeudamiento y cuatro días más tarde de la autorización al proceso de endeudamiento por parte del Consejo de Ministros.