Anticorrupción pide juzgar a tres exdirectivos de Banco de Valencia por la compra de la piscifactoría de Antoni Asunción

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra tres exdirectivos del Banco de Valencia por un delito continuado de administración deseal por la presunta adquisición irregular del 68% de la piscifactoría Acuigroup Maremar, propiedad del exministro socialista Antoni Asunción, fallecido hace dos años. Esta operación supuso un perjuicio económico para la entidad de algo más de 29 millones de euros.

Para el ex consejero delegado Domingo Parra, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión, mientras que para los exresponsables de Departamento de Participadas Juan Carlos Zafrilla y Celestino Aznar reclama tres años de cárcel, según consta en el escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien se ha hecho cargo de la investigación.

La de la adquisición de parte de la sociedad del exministro socialista, dedicada a la cría de dorada y lubina, es una de las numerosas piezas que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula del banco valenciano.

ENTRAR EN EL ACCIONARIADO "A TODO TRANCE"

Según el escrito de acusación, el consejo de administración del Banco de Valencia dio el visto bueno en 2006 a la adquisición del 20% de Acuigroup Maremar a través de Inversiones Valencia Capital Riesgo (IVSCR), que era la sociedad instrumental creada por motivos fiscales de la que la entidad se valía para la participación en otras sociedades.

"Guiados, por tanto, del objetivo de inyectar fondos en la nueva sociedad de explotación de peces que se iba a constituir por los vendedores a partir de la fusión de las existentes, procedieron los acusados a articular los pasos necesarios que revistieran de legalidad la decisión de entrar a todo trance en el accionariado de aquélla", explica.

El fiscal encargado del caso, José Miguel Alonso, apunta que la entrada en la sociedad propiedad de Antoni Asunción fue "totalmente indebida" y "contraria a cualquier tipo de racionalidad económica, entendida ésta en el sentido de aparecer encaminada a favorecer los fines legalmente atribuidos a la institución financiera Banco de Valencia".

AUMENTARON LA PARTICIPACIÓN AL 68%

Tras la adquisición del 20 por ciento de la empresa, y a pesar de que el "deteriorio patrimonial se mantuvo en el tiempo" y de que "no generó resultados positivos en ningún ejercicio" posterior, "lo cual debería haber conducido a proponer al consejo de administración del Banco de Valencia la adopción de medidas drásticas" como la venta de la participación, el Ministerio Público indica que los acusados optaron "arbitrariamente, sin apoyatura en criterio económico lógico alguno y con perjuicio muy previsible", por "aumentar el porcentaje de participación hasta el 68%".

Este incremento en la participación en Acuigroup Maremar llevado a cabo en 2010, según añade el escrito, no sirvió "más que para que la entidad bancaria, en cuanto socio mayoritario", pasara a ser, además de financiador, "garante del excesivo endeudamiento bancario" de la empresa del exministro socialista.

Para Anticorrución, "la falta de lógica económica del aumento de la participación del banco hasta el citado porcentaje venía determinada por la conocida para los acusados falta de viabilidad del negocio", por lo que la operación no fue presentada ante el consejo de administración, sino que se aprobó únicamente en la junta general de IVSCR, en la que Domingo Parra representaba a Banco de Valencia.

ERAN PLENAMENTE CONSCIENTES DE LA FALTA DE RENTABILIDAD

"En definitiva, se decidió la compra de un 48% adicional de la compañía con plena conciencia por los acusados de su falta de rentabilidad pasada, presente y futura, aún cuando se siguió trasladando a los órganos sociales correspondientes la impresión de ser factible de conseguir, tal y como figura en el acta de la reunión del consejo de administración de IVSCR de 31 de marzo de 2011", explica.

"Todo lo anterior conforma un marco en el que el Banco de Valencia incurre en lo que en términos empresariales se denomina 'riesgo reputacional', que es evidentemente muy superior para la entidad financiera una vez adquiere sin lógica de ningún tipo un 68% de la compañía, frente al 20% que detentaba hasta julio de 2010", remarca el fiscal en su escrito.

Es más, Anticorrupción considera que los acusados, "conscientes en todo momento de la situación extremadamente deteriorada de Acuigroup Maremar", trataron de "salvar su responsabilidad, por un lado, pactando con los hasta mediados del año 2010 socios mayoritarios y, por otro, propiciando el ejercicio de acciones judiciales contra éstos a modo de cobertura ante eventuales reclamaciones que les pudieran ser exigibles a ellos mismos".

Tras la dimisión de Domingo Parra en octubre de 2011, y ante el "reconocimiento del propio Banco de Valencia de no poder acometer un plan creíble para recomponer su situación económica, y con agravamiento de los problemas de liquidez", tuvo lugar un mes después la intervención de la entidad por parte del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Además de la petición de cárcel para los tres acusados, Anticorrupción pide que indemnicen solidariamente a Caixabank, entidad sucesora del Banco de Valencia, o bien, en caso de renuncia de ésta, al FROB por la cantidad de 29,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.