Anticorrupción se opone a citar a declarar como investigados a Fernández Ordóñez y Fernando Restoy

En un escrito remitido al juez Fernando Andreu el pasado día 16, Anticorrupción rechazó así citar como investigados --actual figura para los imputados-- a Fernández Ordóñez, máximo responsable del Banco de España cuando Bankia salió a Bolsa, y a Fernando Restoy, entonces en la CNMV y actualmente subgobernador en el Banco de España.

Anticorrupción responde así a la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por el abogado y exlíder de UPyD Andrés Herzog, y el colectivo 15MpaRato, para que ambos respondieran ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu al entender que los máximos responsables del órgano supervisor "ocultaron los problemas financieros, las irregularidades y manipulaciones contables" de Bankia durante la fusión y salida a Bolsa.

La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, considera que los informes complementarios elaborados por los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras y la práctica de las diligencias de investigación han arrojado "sólidos y concluyentes indicios delictivos" sobre la responsabilidad del Banco de España y de la CNMV.

"Los informes de seguimiento y el testimonio de los inspectores del Banco de España acreditan que los máximos responsables de dicha institución conocían perfectamente los problemas detectados y decidieron ocultarlos", explicaba en su escrito del pasado día 8 de junio.

La CIC acusa al supervisor de permitir que "se trasladara una imagen absolutamente irreal" de la situación financiera del banco y haya "coadyuvado al engaño masivo de inversores y clientes, que seguían depositando su confianza en una entidad aparentemente rentable y supuestamente modélica en cuanto a su gestión".

Asimismo, recuerda que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comunicó en 2013 a la Fiscalía Anticorrupción cómo la Comisión Ejecutiva del Banco de España fue "suavizando" las conclusiones de sus inspectores y omitió realizar actuaciones coercitivas sobre las entidades a fin de impedir las "deficiencias" que se iban detectando.

Finalmente, la acusación popular apunta a la responsabilidad de la CNVM en la autorización por su parte de la salida a Bolsa de Bankia, "previa exención a la entidad de aportar sus cuentas anuales auditadas".