Anticorrupción pide a Garzón que impute a nuevas personas en el caso Pretoria

La petición de más imputaciones se hace en respuesta a la solicitud formulada por el magistrado el pasado día 10 y "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos", según un comunicado de la Fiscalía, en el que no se precisa ni el número ni el nombre de los nuevos acusados.

Hasta ahora, en la causa figuraban nueve imputados, cinco de los cuales están en prisión incondicional: los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, el ex concejal de Urbanismo en esa localidad Manuel Dobarco y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

Los otros cuatro -los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela- permanecen en libertad bajo fianza.

Sin embargo, en el auto en el que el pasado 30 de octubre ordenó el ingreso en prisión incondicional de cinco de los primeros nueve imputados y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, Garzón ya advertía de que, además de las de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había "otras operaciones que también están siendo investigadas".

Además, el juez citaba en su resolución a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.

Algunas de ellas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas -como García, Muñoz, Vela y Dobarco- para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".

Otro de los políticos citados en la resolución de Garzón es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.

También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.

Además, Garzón relacionaba a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació S.L., de la que ambos eran administradores solidarios.

Pretus es uno de los propietarios del bufete de abogados del mismo nombre, que se vio implicado en el "caso BBV Privanza", en el que tiene su origen la "operación Pretoria".

De Valera, el juez dice que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García", el ex diputado del PSC que está considerado el máximo responsable de la trama de corrupción.

Manuel Valera aparece también como administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García.

Otra de las personas a las que se cita en el auto es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona S.A. y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".

Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluis Renau Folch -este último fue director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.

También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting S.L., en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte.

Por último, fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.