El fiscal Anticorrupción de Valencia ve "deseable" más interés político en atajar la corrupción y reclama más medios

El fiscal Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres, ve "deseable" más interés desde el punto de vista político en atajar los casos de corrupción, traducido en más medios para poder investigar con mayor eficiencia todos los asuntos que les llegan, que en los últimos años se han multiplicado.

Torres aterrizó hace unos meses como delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, tras pasar seis años trabajando en la sección de Delitos Económicos de Valencia. El fiscal, quien comparte trabajo con el otro delegado en esta materia, Jesús Carrasco, ha llegado en un momento en el que se han incrementado las investigaciones por presuntos casos de corrupción.

El fiscal, "con muchas ganas de trabajar con el respeto máximo a todas las garantías de las personas investigadas", según ha confesado en una entrevista concedida a Europa Press, mantiene que los políticos "deberían tener" más interés en acabar con la corrupción. En concreto, preguntado por este extremo, ha respondido: "Si eso se debe traducir en medios que tenemos, sería deseable que tuvieran más interés, porque los medios que tiene la Fiscalía para investigar no son todo lo eficientes que deberían ser y eso podría traducirse en una forma de deseo de acabar con la corrupción", ha apostillado.

Sobre la escasez de medios, ha sido muy contundente: "La Fiscalía Anticorrupción en Valencia solo tiene dos delegados, Jesús y yo. Fuera de esos medios personales, realmente no contamos con ningún medio material para poder atacar los procedimientos de corrupción". "Desde el año 2006 hasta 2014, cuando se produjo mi nombramiento --como fiscal Anticorrupción-- solo había un delegado, Jesús Carrasco, y es notablemente insuficiente para investigar todos los procedimientos que llegan".

Y desde el punto de vista también material, ha advertido de que para trabajar, suelen necesitar el auxilio de la Administración o de la Agencia Tributaria para recabar documentación. La Fiscalía no tiene posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad o al Mercantil, o a las bases de datos de la Agencia Tributaria, donde existen todos los datos fiscales y bancarios de las personas que son investigadas.

Así, el fiscal "siempre" tiene que ir pidiendo auxilio, "lo que genera un elentecimiento del proceso de investigación". A su juicio sería "mucho más rápido y deseable" una mayor interconexión entre el fiscal y estas administraciones para agilizar los procesos. Al respecto, hay un proyecto del fiscal general del Estado para crear unidades de investigación que supondrían la existencia de funcionarios de Hacienda o de la Intervención General adscritos al ministerio público.

Y si los medios --ha agregado-- no van acompañados de la posibilidad de que el fiscal pueda dirigir una investigación a través de que sea el instructor, "no se puede avanzar con la velocidad que sería deseable, porque uno de los factores fundamentales es que estos procedimientos duran mucho en el tiempo y se puede perder la perspectiva de lo que se está investigando".

MECANISMOS DE CONTROL

Junto a estas medidas, el fiscal ha abogado por más mecanismos de control desde el punto de vista político para acabar con la corrupción. "El primer control que debe hacerse --ha añadido-- es por parte de la propia Administración, que tiene un cuerpo específico para realizar el control, que son los interventores".

Los interventores, ha proseguido, como funcionarios independientes tienen la obligación de denunciar en Fiscalía o ante el Tribunal de cuentas hechos que hayan fiscalizado y que entiendan que pueden ser constitutivos de delito. ¿Pero se hace?, se le ha preguntado, a lo que ha respondido: "se va haciendo cada vez más". La justicia "va un paso por detrás de la realidad", ha dicho, ya que se fiscalizan cuentas muy 'a posteriori', y pueden pasar algunos años desde que se fiscaliza hasta que se denuncian los hechos.

El fiscal, quien este año se ha tenido que enfrentar a uno de los casos más complicados de su carrera, el 'caso Cooperación', que acabó con la condena de ocho personas, entre ellas el exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' Rafael Blasco, ha querido transmitir que debe verse "con normalidad" el hecho de investigar a determinadas personas --autoridades y funcionarios-- con cargos en la Administración, porque "es algo propio de estos procedimientos, con lo que hay que tomárselo con normalidad".

"NI SE ME PASA POR LA CABEZA"

Al ser preguntado por si los fiscales suelen recibir presiones de los políticos cuando investigan casos de corrupción, ha respondido: "Sería muy fuerte que eso pasara. Ni se me pasa por la cabeza que ningún político o cargo público viniese a Fiscalía a dar consignas o instrucciones. No".

Por otro lado, Vicente Torres se ha referido a los indultos y a la reforma del Código Penal. Respecto al primer asunto, ha señalado que es un derecho "marcado" por la ley, aunque ve "deseable" que el Gobierno "los motive", al igual que hacen el resto de autoridades o funcionarios públicos: "Lo deseable sería que la ley hiciera que el Ejecutivo tuviera que motivar el por qué de ese indulto", ha aseverado.

Así, preguntado por el motivo por el que el Gobierno no cambia esta forma de proceder, ha dicho que lo desconoce, e interpelado por su opinión sobre que últimamente cada vez más políticos condenados pidan su indulto, ha respondido: "Es una cuestión personal. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar".

En relación con la reforma del Código Penal, ha señalado que es "muy positiva" porque prevé incluir nuevos delitos sobre los que la experiencia "nos va diciendo que son los que se van cometiendo en los últimos años".

"CADA FASE TIENE LO SUYO"

El fiscal Torres ha analizado por último las fases para instruir un caso de corrupción, y ha señalado que "cada una tiene lo suyo". La fase de instrucción, ha señalado, es "muy compleja" porque se van examinando cada una de las pruebas que van llegando, interpretando y exige una labor de estudio pormenorizada.

En esta fase de investigación se acumulan también archivos informáticos y todo esto "supone un puzzle" que hay que organizar y ordenar "muy bien" para posteriormente plasmarlo en el juicio. Una vez pasada esta fase, llega el juicio, que es "un momento muy complicado", porque la prueba que se ha hecho en instrucción se tiene que presentar delante del tribunal que no tiene ningún conocimiento del asunto que se va a juzgar, y se le tiene que acreditar los delitos que se estiman probados. "Es una labor muy minuciosa que exige muchísimo trabajo".