Anticorrupción pide imputar al ex comisario jefe de Barajas por cohecho en la causa en la que se investiga a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investigue por delito de cohecho al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca y lo haga en una pieza separada de la conocida como Operación 'Tándem', en la que ya figura como investigado junto con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El Ministerio Fiscal, ante la existencia de "actividades ilícitas", interesa la formación de una pieza separada para la instrucción y posterior enjuiciamiento de los hechos relacionados con este delito que también se atribuye a otro investigado en esta trama, según informa en una nota en la que solicita que se levante el secreto sumarial al tratarse de una pieza cuyas diligencias están prácticamente concluidas.

Salamanca ya está siendo investigado en la causa que dirige el juez Diego de Egea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, por lucrarse presuntamente con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

En la misma se investigan a Salamanca, jefe de la Comisaría del entonces Aeropuerto de Madrid-Barajas entre los años 2012 y 2015, a Villarejo, a la esposa de este último, Gema Alcalá, y el abogado Rafael Redondo, entre otros. Se les acusa de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación, coordinada con la Fiscalía Anticorrupción y bautizada como 'Tándem', culminó el pasado 5 de noviembre con la detención y el ingreso en prisión tanto de Villarejo como de Salamanca y Redondo, a quienes se les sitúa como integrantes de una organización criminal. Las otras cuatro personas detenidas, entre ellas Alcalá, quedaron en libertad después de que les tomara declaración la magistrada Carmen Lamela, en funciones de guardia cuando se desarrolló el operativo.

CORRUPCIÓN INTERNACIONAL EN LOS NEGOCIOS

Fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".

Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.