Antonio Beteta cree que el sistema de recaudación fiscal vasco "funciona" y defenderá el Concierto Económico en Europa

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que el sistema por el cual las Diputaciones vascas se encargan de recaudar los impuestos "funciona y siempre ha funcionado bien", y ha señalado que, si bien Europa camina "necesariamente" hacia una armonización fiscal, desde el Estado español "habrá una voz que defenderá la peculiaridad" del Concierto Económico vasco.

Beteta se ha expresado de esta manera durante su participación en una jornada económica organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos que ha tenido lugar en un céntrico hotel de la capital vizcaína. Al acto han acudido la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea.

En su intervención, Beteta ha asegurado que, si alguien intenta ver la foralidad vasca como un privilegio "se está equivocando", ya que se trata de "un sistema de coordinación", que acarrea también su concreción en el cupo, materia en la que existen "diferentes opiniones". En este sentido, ha recordado que la actual Ley del Cupo se encuentra ahora "parada" por culpa de "una mala redacción" del autor de esa Ley, en la cual "nada tuvo que ver el actual Gobierno".

Según Beteta, el sistema por el cual son las Administraciones Forales las que se encargan de recaudar los impuestos "funciona y siempre ha funcionado bien", hecho por el que el PP "siempre ha defendido" el concierto económico.

Tras asegurar que Europa camina "necesariamente" hacia una armonización fiscal, Beteta se ha comprometido a que, desde el Estado español, habrá "una voz que defenderá la peculiaridad" del concierto económico vasco. "No nos vamos a olvidar", ha insistido.

Por otro lado, ha indicado que estamos ante una crisis económica severa que "produce una crisis de la deuda soberana" que, a su vez, trae consigo que las finanzas públicas, anteriormente "uno de los grandes activos que tenía el Estado", hoy sea percibida por los agentes económicos "como un grave factor de riesgo", debido a los "desequilibrios fiscales" producidos en el conjunto de las Administraciones Públicas.

ENDEUDAMIENTO

En este sentido, ha recordado que el endeudamiento exterior del Estado ha aumentado "de un modo tremendo" desde los Gobiernos de José María Aznar, pasando "del 30 al 90 por ciento" del PIB estatal. Así, ha afirmado que, cuando hay que devolver "una cantidad tan importante de fondos al conjunto del mundo, éste te va a exigir credibilidad", un factor que "falta" en estos momentos.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha identificado esta falta de credibilidad de España con "las diferentes valoraciones dadas en los últimos meses por el Gobierno anterior, del PSOE, que no se soportan con la realidad". "En consecuencia, hay un déficit de credibilidad que hace que el actual Gobierno adopte una estrategia orientada a la mejora de la gobernanza fiscal, a través de reformas estructurales", ha agregado.

En esta línea, ha indicado que estas "actuaciones" suponen "el diseño de una estrategia de consolidación fiscal que sea compatible con el crecimiento", y que "restablezca el canal del crédito a la actividad económica" y el "impulso del crecimiento de la competitividad" en materia de creación de empleo.

Asimismo, ha señalado que estos compromisos pasan por "parar, de una vez por todas, esa dinámica ascendente de deuda pública", porque "limita muy gravemente" la capacidad de familias y empresas de obtener recursos, lo que convierte a las Administraciones Públicas en un "lastre" para la recuperación económica y la creación de empleo.

DISCIPLINA Y TRANSPARENCIA

Por ello, ha abogado por los principios de "disciplina presupuestaria" y la "transparencia", concretados en las "reformas estructurales" puestas en marcha por el Gobierno del PP. Además, ha añadido, este marco de gobernanza económica se "fortalece" introduciendo "una serie de medidas de condicionalidad" a las Administraciones que soliciten medidas de apoyo a la liquidez.

En este sentido, ha valorado como "esencial" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que establece como principio "rector" la estabilidad presupuestaria.

A su juicio, ésta estabilidad se consigue a través de "tres grandes actuaciones": la sostenibilidad de todas las Administraciones Públicas, el fortalecimiento de la confianza en la estabilidad de la economía española y, por último, reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.

Respecto a la sostenibilidad de todas las Administraciones Públicas, Beteta ha señalado que la Ley Orgánica de Estabilidad posibilita "regular y mejorar, de un modo más claro", la actuación de cada una de las Administraciones, garantizando "una igualdad a todos", en términos de "exigencia presupuestaria, responsabilidad ante el conjunto de sus ciudadanos y lealtad institucional".

Por tanto, ha indicado que esa norma contiene "obligaciones bastante severas". Así, ha señalado que, al finalizar el periodo transitorio del año 2020, todas las Administraciones Públicas tendrán que presentarse en situación de equilibrio o superávit, es decir, con déficit estructural cero. Para alcanzarlo, se han fijado para este periodo "sucesivos límites de deuda y techos de gasto" en todas ellas, además de "mecanismos sancionadores" que aseguren que estos principios "no se quedan en las buenas intenciones".

Sin embargo, ha asumido que "no será fácil" cumplir el objetivo de cierre del ejercicio del 1,5 por ciento de déficit. En este sentido, ha asegurado que todas las Administraciones Públicas, "forales y no forales", saben que "se utilizarán todos y cada uno de los elementos que la Ley dice para conseguir el equilibrio presupuestario", hasta llegar a la intervención "si fuera necesario".

MEDIDAS DE APOYO

Beteta ha indicado también que "todos estos severos mecanismos" han ido acompañados de "medidas de apoyo", porque el Gobierno de España "responde por todas las Administraciones" ante la Unión Europea. En este punto, ha asegurado ser consciente del impacto negativo en la recaudación de "muchas Administraciones", que habían contraído "graves deudas" con los proveedores, especialmente en el ámbito autonómico y local.

Por ello, el Gobierno del PP adoptó una línea de trabajo para el pago a proveedores, al que no se sumó el Gobierno vasco, y que hará que antes de fin de mes se les devuelva "del orden de 17.000 millones de euros".

"Entendemos que el Gobierno vasco está llevando a cabo sus planes de pago de forma razonable y no requiere de este apoyo financiero", ha interpretado, para añadir que han ofrecido al Ejecutivo vasco entrar en "un proceso de negociación" para que "también las entidades locales vascas puedan beneficiarse" de este plan de pago a proveedores, que sufrirá una ampliación. Beteta ha asegurado que en la actualidad ya es "la mayor operación de refinanciación de la historia financiera de España".

En concreto, ha señalado que el Gobierno central cuenta ya con todas las facturas a proveedores originadas en las distintas Comunidades Autónomas, que suman 3.794.532 facturas pendientes de pago, y que afectan a 29.107 proveedores, que recibirán lo que se les debe "para finales de este mes".

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha finalizado su intervención afirmando que la "complicada" situación económica "no es óbice" para que el Gobierno "renuncie" en su apoyo al Estado de las Autonomías, que ha considerado "esencial" para garantizar la convivencia ciudadana.